Hay decisiones del Parlamento que merecen ser analizadas y, en mi opinión, la pensión graciable para Julio Montero Castillo es una de ellas. Después de escuchar las declaraciones del diputado Horacio de Brum, quiero decir claramente que coincido con su posición. De Brum explicó que, desde que asumió como representante nacional por Salto, decidió no votar ninguna pensión graciable. Su argumento es sencillo: muchas veces no existe suficiente información sobre la situación de la persona que va a recibir el beneficio y, además, el Estado ya tiene organismos que pueden atender situaciones de necesidad. Comparto esa mirada.

Las pensiones graciables pueden tener sentido cuando estamos frente a una persona que realmente se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que, por su trayectoria o circunstancias especiales, necesita una ayuda del Estado. Pero justamente por tratarse de dinero público, creo que hay que ser muy cuidadosos.

En el caso de Julio Montero Castillo, no estoy de acuerdo con que se le otorgue esta pensión. Y aclaro que no es una cuestión personal contra él, porque no lo conozco. Mi opinión se basa en la información que se ha conocido públicamente y en la discusión que se está dando.

Hay un elemento que considero importante agregar y que no mencioné en la entrevista con el diputado De Brum: su hijo, Paolo Montero, aparece mencionado en listas y publicaciones periodísticas entre personas consideradas millonarias de Uruguay.

Esto, por supuesto, no significa que automáticamente un hijo tenga la obligación de mantener a sus padres. Cada familia tiene su realidad y cada caso debe analizarse de manera particular. Pero si estamos hablando de una pensión graciable, de dinero que sale del Estado y que finalmente pagamos todos los uruguayos, creo que la situación económica familiar debería ser analizada. No parece razonable que el Parlamento tome este tipo de decisiones sin mirar todo el contexto.

En Uruguay hay miles de jubilados que trabajaron durante toda su vida, aportaron durante décadas y hoy reciben jubilaciones muy bajas. Muchos de ellos deben hacer trámites, presentar reclamos y esperar durante meses para conseguir una mejora de unos pocos miles de pesos. Entonces me pregunto: ¿qué explicación le damos a ese jubilado cuando ve que el Parlamento puede aprobar una pensión especial para otra persona?

Hace pocos días hablábamos al aire del caso de un jubilado que aportó durante 60 años y recibe una jubilación de poco más de 20 mil pesos. Esa realidad también debería estar presente cuando se discuten estas pensiones. No estoy diciendo que una persona no pueda recibir ayuda del Estado. Estoy diciendo que debemos tener prioridades y criterios claros.

El diputado Horacio de Brum fue muy claro al señalar que existen organismos como el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Desarrollo Social que pueden atender situaciones de vulnerabilidad. Comparto ese planteo. También considero que debería discutirse si es correcto que el voto de las pensiones graciables sea secreto. Si estamos utilizando dinero público, la sociedad debería saber quién vota a favor y quién vota en contra. No alcanza con tener una buena trayectoria o ser una persona conocida. Antes de otorgar una pensión graciable debería conocerse con claridad la situación económica de quien la solicita, sus necesidades reales y por qué corresponde que el Estado se haga cargo.

Por eso coincido con las declaraciones del diputado Horacio de Brum. Y agrego mi propia reflexión: no estoy de acuerdo con la pensión graciable para Julio Montero Castillo, porque entiendo que en este caso existen elementos que deberían haber sido analizados con mucho mayor profundidad antes de comprometer recursos públicos.

Y cuando hay un jubilado que aportó durante toda su vida y cobra una prestación que apenas le alcanza para vivir, antes de aprobar una pensión especial creo que tenemos que preguntarnos si estamos siendo justos con todos. Ayudar a quien realmente lo necesita es solidaridad. Pero administrar el dinero de todos con responsabilidad también es justicia.