Es una manía del gobierno decir que No de pura contra que no mide las consecuencias, sino solo el rédito político tan inmediato como innecesario. Con algunos ambientalistas que se oponen a todo o con la barra de militantes que se oponen al gasto militar.

Rescisión del contrato con astillero español por la compra de dos lanchas oceánicas por 92 millones de dólares. La razón sería la supuesta precariedad de las garantías presentadas. Negocio concretado y firmado por Lacalle unos meses antes de terminar el período.

Rescisión del contrato de construcción del Proyecto Neptuno, la toma de agua en aguas del Río de la Plata para garantizar en cantidad y calidad la distribución del líquido elemento en la zona metropolitana. Una inversión millonaria en dólares estudiada y financiada convenientemente. Otra vez, negocio concretado y firmado por Lacalle unos meses antes de terminar el período.

Hay comunes denominadores preocupantes en estos dos hechos. Se violan dos contratos firmados que cumplían todos los requisitos jurídicos, económicos y ambientales. Lesionan la tradicional y respetable seguridad jurídica, el cumplimiento de los contratos. Exponen al país a juicios internacionales de resarcimiento de las partes y pago de perjuicios ocasionados. Y lo más importante vuelven a fojas cero en las materias cuestionadas. La Armada Nacional queda sin sus lanchas para proteger el mar territorial uruguayo, seguridad para el tránsito de embarcaciones, lucha contra el narcotráfico y protección de la riqueza marítima. El mar territorial uruguayo, cuya dimensión es mayor al área terrestre del país, debe ser cuidado y protegido de varios peligros, la piratería y la pesca ilegal entre otros, y por ello se precisa el equipamiento adecuado de la fuerza de mar para la represión y el combate. Se sabe que el estado general de la flota de la armada es deficiente y precisa urgentemente vehículos como las lanchas al fin compradas… por Lacalle.

El negocio se hizo y formalizó legalmente. Las lanchas se están construyendo en astillero español, ya va adelantado casi en un 60% del trabajo, incluso el estado uruguayo realizó un adelanto de 30 millones de dólares, por el cual la Ministra de Defensa Sandra Lazo del gobierno de Orsi ya dio explicaciones satisfactorias al Parlamento. No hay señales ni avisos de complicaciones en la marcha del proceso de construcción, se están cumpliendo los plazos previstos, técnicos navales uruguayos viajaron a España para supervisar los trabajos, no hay sospecha que las lanchas no sean entregadas en tiempo y forma para el año que viene. Las garantías no estaban ni cerca de utilizarse o tenerlas en cuenta para nada, no había paros o incumplimientos en la construcción de las lanchas. Todo estaba viento en popa...

¿Qué pasó para que el Uruguay denunciara el contrato? Una manera terca y egoísta de hacer política, son obras de Lacalle en un gobierno de Orsi, nada más que eso. La solución a un problema de larga data y crónico por parte del anterior gobierno y la ñata contra el vidrio de los actuales gobernantes con cara compungida por no haber participado en los hechos, la verdad inentendible. Por una presunta precariedad en las garantías presentadas se dio peligrosamente marcha atrás en el contrato de las lanchas, se pueden comer un garrón jurídico importante de montos millonarios, obvio ya perdieron los U$S 32 millones adelantados y lo peor de todo es el estado de vulnerabilidad del mar territorial que ya no contará con las tan necesarias lanchas alguna vez compradas... por Lacalle. No hay plan B, no hay alternativas, volvimos a los gomones de Prefectura para la defensa naval de los 200 mil Km2 de nuestro mar territorial