Hay temas que parecen lejanos de la vida cotidiana, hasta que vemos que nos afectan directamente. El puerto de Montevideo es uno de ellos. Para muchos, es una postal de grúas y barcos en la bahía de la capital, pero la verdad es que es una pieza central de la maquinaria económica del país. Entender qué significa un paro de esta magnitud y por qué genera discusión sobre herramientas como la esencialidad no es solo un asunto técnico, ayuda a comprender cómo el Uruguay equilibra derechos, producción, inversión, confianza y convivencia social.

Uruguay exporta aproximadamente 13.000 millones de dólares por año y casi el 90% de ese comercio exterior pasa por el puerto de Montevideo. Eso significa que lo que pasa ahí afecta a toda la cadena productiva: carne, granos, lácteos, madera, papel, arroz, lana, cítricos, pesca etc. Afecta también a miles de trabajadores: camioneros, transportistas, frigoríficos, plantas industriales y pequeñas empresas que dependen del flujo logístico. El puerto es la arteria que conecta al país con el mundo. Siempre lo fue.

Es a raíz de esta relevancia que se ha empezado a hablar de la declaración de esencialidad del servicio. Es un concepto jurídico no muy común pero puede explicarse fácilmente. La Constitución reconoce el derecho de huelga en su artículo 57, como expresión legítima de la organización de los trabajadores.

Al mismo tiempo, el ordenamiento jurídico habilita su regulación para asegurar que el ejercicio de un derecho no elimine otros derechos también protegidos. Bajo ese marco tenemos la figura de la esencialidad de ciertos servicios en situaciones excepcionales.

Consiste en asegurar el funcionamiento básico de actividades que si se detienen completamente, comprometen derechos fundamentales o el interés general de la sociedad. No elimina la huelga ni la negociación colectiva. No anula los derechos sindicales. Solo permite establecer funcionamientos mínimos o niveles básicos de continuidad en sectores cuya paralización afecta seriamente a la sociedad.

Es razonable preguntarse qué se considera un servicio esencial. Tradicionalmente, se ha aplicado esta figura en sistemas de salud, educación, transporte y energía. En todos los casos, con el mismo criterio: prevenir que la interrupción total de un servicio genere consecuencias graves para terceros. Esa discusión es la que hoy vuelve a surgir con respecto al puerto de Montevideo. No porque se trate de imponer una postura en el conflicto, sino porque emerge una pregunta lógica, ¿un país cuyo comercio exterior depende casi por completo de su operativa portuaria puede quedar totalmente parado?

Discutir la esencialidad del puerto no significa desconocer la legitimidad de los reclamos laborales ni minimizar el rol de los sindicatos. Significa reconocer que en Uruguay hay demasiado en juego cuando el puerto se detiene. Se frenan exportaciones, se pierden contratos internacionales, se afecta la logística del sector productivo y, en definitiva, se reduce la capacidad del país de generar recursos y empleo, lo que nos afecta a TODOS, más allá de a qué te dediques. No se trata solo de números, detrás de cada contenedor parado hay trabajo uruguayo que no llega a destino.

Por eso, la esencialidad debería analizarse sin prejuicios ideológicos y con criterios de responsabilidad nacional. Si se aplica, debe hacerse con mesura, asegurando a la vez el derecho de huelga y la continuidad mínima de la actividad. Si no se aplica, también debe explicarse cómo se protegerá a quienes resultan afectados por paros prolongados. Es fundamental que haya reglas claras, no se puede funcionar si cada conflicto sectorial tiene capacidad de inmovilizar sectores estratégicos de nuestra economía.

En definitiva, el verdadero debate no es entre “empresa o sindicato”. La cuestión de fondo es otra: cómo protegemos el interés general sin vulnerar derechos, y cómo aseguramos que el país no quede paralizado por conflictos que exceden el ámbito privado. Uruguay puede discutir muchas cosas, y lo suele hacer, pero difícilmente pueda darse el lujo de comprometer su conexión con el mundo. Porque al final, la logística no es un tema técnico, es soberanía económica.