Por segunda vez en pocas semanas, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, ha decidido cuestionar públicamente una decisión del presidente de la República. Y por segunda vez vuelve a plantearse una pregunta que ningún país debería tener que formularse respecto de su propio gobierno: ¿quién manda en el Uruguay?

En mayo, cuando algunos sectores del oficialismo criticaron la visita del presidente Yamandú Orsi a un portaaviones estadounidense, advertimos sobre el riesgo que implicaba esa actitud. Escribimos entonces que “la reacción desmedida de algunos sectores no solo desautoriza al presidente, sino que también debilita la coherencia interna del Frente Amplio. Cuando figuras del propio oficialismo cuestionan públicamente al mandatario por decisiones que forman parte de su rol institucional, se proyecta una imagen de desorden y falta de rumbo que difícilmente fortalezca al proyecto político en su conjunto”. Lamentablemente, los hechos nos han dado la razón.

Ahora el protagonista vuelve a ser Juan Castillo. Esta vez, el ministro cuestionó la decisión del gobierno de utilizar vehículos del Ejército para apoyar tareas de patrullaje en zonas especialmente castigadas por la delincuencia. Lo hizo públicamente, en entrevistas periodísticas, calificando la medida como algo que le “impactó”, afirmando que “no es una buena cosa” y sosteniendo que todavía debe discutirse si es “de recibo o no”.

El problema no es que un ministro tenga opiniones propias. En cualquier democracia madura los integrantes de un gabinete pueden discrepar durante las deliberaciones internas. El problema surge cuando la discusión deja de darse puertas adentro y pasa a desarrollarse frente a los micrófonos, después de que el presidente ya ha comunicado una decisión política. Porque mientras Castillo afirmaba que el tema seguía abierto a debate, Orsi fue categórico: “La decisión está tomada”.

No puede haber dos voces de mando en un mismo gobierno. No puede un ministro sugerir que una medida anunciada por el presidente aún está en discusión cuando el propio mandatario sostiene exactamente lo contrario. Esa contradicción pública erosiona la autoridad presidencial y transmite a la ciudadanía una preocupante sensación de improvisación.

Más grave aún es que no se trata de un episodio aislado. Cuando una conducta se repite deja de ser un exabrupto ocasional para transformarse en un patrón político. Castillo parece sentirse con la libertad de cuestionar públicamente decisiones adoptadas por el presidente, aun sabiendo que ello genera ruido, incertidumbre y desgaste institucional. Ningún presidente serio puede gobernar en esas condiciones.

La autoridad presidencial no es un asunto personal de Yamandú Orsi. Es una cuestión institucional. Los uruguayos eligieron un presidente para conducir el país. Los ministros fueron designados para colaborar con esa conducción, no para desafiarla cada vez que discrepan con una resolución. Si Juan Castillo considera que esta medida es equivocada, tiene todo el derecho a plantearlo en el Consejo de Ministros. Si después de debatir el asunto mantiene una discrepancia insalvable con la orientación del gobierno, también tiene una salida honorable: presentar su renuncia. Lo que resulta inaceptable es permanecer en el cargo mientras se cuestionan públicamente decisiones adoptadas por quien ejerce la primera magistratura de la nación.

La situación coloca además a Orsi frente a una encrucijada política. Cada vez que tolera una desautorización pública de esta naturaleza, el mensaje que recibe la ciudadanía es que la palabra presidencial puede ser relativizada por cualquier integrante del gabinete. Y cuando la autoridad se diluye, la gobernabilidad comienza a resentirse.

Por eso ha llegado el momento de que el presidente reasuma plenamente su liderazgo. No basta con responder que las diferencias se discutirán más adelante. Es necesario establecer con claridad quién conduce el gobierno y quién ejecuta las decisiones adoptadas.

La democracia uruguaya necesita un presidente que gobierne y ministros que acompañen esa conducción. Si Juan Castillo no está dispuesto a hacerlo, corresponde que dé un paso al costado. Porque en un país serio no puede existir ninguna duda sobre quién manda. Y hoy, lamentablemente, esa duda ha vuelto a instalarse.