El sistema actual de multas de tránsito y sus recargos en Uruguay ha dejado de cumplir una función educativa o correctiva para transformarse, lisa y llanamente, en un mecanismo desproporcionado, injusto y profundamente desconectado de la realidad económica de los ciudadanos. Lo que debería ser una herramienta para promover conductas responsables en la vía pública se ha convertido en una maquinaria recaudatoria que castiga con severidad excesiva, acumulando montos que, en no pocos casos, terminan superando con creces el valor del propio vehículo involucrado en la infracción.