La captura de Nicolás Maduro, debe leerse como una victoria de la justicia y un punto de inflexión para la recuperación de las libertades en Venezuela. No hay neutralidad posible frente a la represión sistemática, la demolición de la institucionalidad y el silenciamiento de la voluntad popular. Respaldar la rendición de cuentas no es avalar intervenciones arbitrarias: es afirmar que ningún poder está por encima de la ley ni del pueblo al que dice representar.

En Uruguay, se han escuchado en estos días condenas enérgicas a la intervención norteamericana, en especial desde el Partido Comunista. Sin embargo, ese énfasis no ha sido acompañado por una condena igual de clara a la tiranía que encarceló, torturó y mató a centenares de opositores y provocó el exilio de más de ocho millones de venezolanos. Esos millones que debieron marcharse por falta de libertades y oportunidades constituyen la diáspora más elocuente frente a un régimen que les cerró todas las puertas.

La coherencia democrática exige una mirada completa. ¿Cómo es posible condenar selectivamente las intervenciones de una potencia y callar ante otras? No hubo la misma indignación cuando Cuba envió tropas a Bolivia o cuando Fidel Castro despachó soldados a Angola. La vara no puede variar según la cercanía ideológica. La coherencia se prueba cuando los principios se sostienen incluso cuando incomodan.

También es legítimo hacerse otra pregunta: ¿un pueblo asfixiado debe resignarse a pelear con palos y piedras contra tanques? Las imágenes de blindados pasando por encima de manifestantes quedaron grabadas en la memoria colectiva. ¿No puede un pueblo sometido pedir ayuda cuando se le han cerrado todas las vías institucionales? Uruguay conoce esa historia. Nuestro propio presidente Tabaré Vázquez recurrió al apoyo de los Estados Unidos y su presidente de entonces para proteger al país en el conflicto por las pasteras, por si hubiera sido necesario. Pedir ayuda no es una traición: es una forma de defensa cuando se percibe amenaza o indefensión.

Resulta especialmente doloroso constatar el silencio de quienes en Uruguay padecieron persecución, prisión y tortura y hoy no alzan la voz por los venezolanos, que fueron solidarios con nosotros en tiempos oscuros. La empatía debería nacer de esa memoria compartida. Defender a las víctimas no implica renunciar a los principios de soberanía ni celebrar la fuerza: implica reclamar elecciones libres, separación de poderes, prensa independiente y la liberación de presos políticos.

Maduro fue un dictador. Tuvo la oportunidad de respetar la voluntad popular y la desconoció; convirtió la competencia electoral en simulacro y el disenso en delito. La justicia para las víctimas y el restablecimiento de la democracia no son venganza: son condiciones para una transición pacífica y duradera. Ojalá quienes lo acompañaron en sus tropelías comprendan que su tiempo terminó, colaboren con la apertura de un proceso de transición y liberen, sin dilaciones, a quienes están presos por pensar distinto.

Lo que está en juego es la posibilidad de que el pueblo venezolano vuelva a expresarse sin miedo. Defender hoy la captura de quien concentró el poder y reprimió a su gente es respaldar la idea de que los crímenes tienen consecuencias y que los pueblos pueden recuperar su voz. Venezuela necesita instituciones creíbles, justicia independiente y puentes con su diáspora para reconstruir un país roto.

Cuando se apaguen los ruidos de la coyuntura, quedará lo esencial: el derecho de los venezolanos a decidir libremente su destino. Y el deber de la región —Uruguay incluido— de acompañar ese proceso con coherencia, memoria y una convicción simple: las libertades no se negocian.