Según la información recabada, hace varios meses, un vehículo Hilux de doble cabina, prácticamente nuevo, que provendría de Concordia, Argentina, fue detenido por las autoridades aduaneras en el puente. El automóvil estaría matriculado en el Departamento de Salto y pertenecería a un ex jerarca del Gobierno Departamental, siendo conducido por un familiar directo con una carta poder.

Elementos incorporados al vehículo superaban los $3,000 dólares

Al inspeccionar el vehículo, se descubrieron elementos incorporados no permitidos, incluyendo cuatro cornaduras cromadas, cobertor de caja, enganche reforzado, tapa big top Hilux, baúl lateral y cabezal, valuados en más de $3,000 dólares americanos según un presupuesto. Un lujo que no estaría permitido por la normativa. El costo de elementos incorporados en Salto saldría el doble que en la Argentina.

Fiscalía ordenó retirar piezas, pero vehículo siguió circulando

Según fuentes confiables, la Fiscalía habría ordenado que se retiraran las piezas incorporadas, en el lugar, pero que el vehículo siguiera circulando. Esto generó nerviosismo entre los coordinadores de Aduana en el puente Salto Grande, quienes manifestaban que hubo llamados de todo tipo y que el auto debía seguir circulando porque era propiedad de un alto jerarca.

Procedimiento expeditivo para ciudadanos comunes, no así para este caso

De hecho se da un hecho inédito, técnicos se trasladaron al puente y trabajaron hasta las 3:30 de la madrugada para retirar las incorporaciones, y que el vehículo siguiera circulando, es aquí donde vecinos molestos en el lugar nos informaron que en el caso de un ciudadano común el procedimiento habría sido mucho más expeditivo, ya que trasladarían el auto hasta el edificio de aduana Salto, donde después de las actuaciones de fiscalía y el retiro de los elementos incorporados se entrega el vehículo, procedimiento que demora dos semanas aproximadamente.

Doble estándar en el trato 

Esta situación pone de manifiesto la existencia de un doble estándar en el trato que reciben algunos políticos y los ciudadanos comunes. Mientras que a estos últimos se les aplica la ley de manera estricta, políticos o familiares de altos funcionarios parecen gozar de ciertos privilegios que les permiten evadir las consecuencias de sus actos.