La Intendencia de Salto atraviesa una difícil situación producto de un incumplimiento grave detectado en la administración anterior. El Intendente Carlos Albisu y el Secretario General Walter Texeira enviaron una resolución a la Junta Departamental donde informan que una línea de crédito autorizada en 2021 con el Banco de la República Oriental del Uruguay no fue gestionada ni aplicada como correspondía.

Esta línea de crédito, aprobada mediante el Decreto Nº 7323/2021 por la misma Junta Departamental, tenía un plazo para ser utilizada y cumplir con ciertas obligaciones financieras que la administración pasada no respetó. Según reporta la Dirección de Hacienda junto con el área jurídica de la Intendencia, ese plazo ya venció sin que se dieran las acciones necesarias para hacer uso o gestionar correctamente esos recursos.

Crisis financiera

 Este incumplimiento no es menor: ha generado una crisis financiera grave en la Intendencia, que se quedó sin acceso a fondos necesarios para su funcionamiento cotidiano. Esto pone en serio riesgo la capacidad de la Intendencia para cumplir con tareas básicas, pagar obligaciones esenciales y atender a la población como corresponde.

Omisión grave

Lo más preocupante es que esta situación no fue comunicada ni a las nuevas autoridades que asumieron ni a la ciudadanía. La falta de información afectó la transparencia del gobierno y el proceso normal de transición entre administraciones. En ningún momento los jerarcas responsables de la administración saliente informaron sobre esta irregularidad ni en los informes oficiales ni en las instancias de traspaso de mando. Esta omisión agravó las consecuencias y dificultó que se pueda actuar a tiempo para evitar perjuicios mayores.

Resolución a la Junta

En la resolución enviada a la Junta, se enfatiza que esta falta de cumplimiento representa una clara violación de lo ordenado por el propio decreto que autorizaba la línea de crédito. Además, se señala que corresponde al Intendente garantizar el cumplimiento de la Constitución, las leyes nacionales y locales, así como las resoluciones de la Junta Departamental, según lo establecen los artículos 275 numeral 1 de la Constitución de la República y 35 numeral 2 de la Ley Nº 9.515. Tal incumplimiento afecta directamente la gestión y funcionamiento del gobierno departamental, impidiendo que pueda llevar adelante sus responsabilidades con normalidad y afectar la gobernanza. El perjuicio no es solo financiero, sino institucional y político, porque pone en duda la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Bancada Coalición Republicana

 En este marco, la bancada de la Coalición Republicana, que representa un sector importante en la Junta Departamental, se reunió anoche para analizar esta situación con preocupación. En la reunión se planteó la posible creación de una comisión pre-investigadora que indague en detalle en qué se utilizó el dinero vinculado a esta línea de crédito.