El crecimiento sostenido de personas en situación de calle se ha convertido en uno de los fenómenos sociales más visibles y preocupantes del país. Lo que durante años fue una problemática asociada casi exclusivamente a Montevideo, hoy comienza a replicarse con fuerza en ciudades como Salto, donde vecinos, comerciantes y autoridades observan con inquietud una realidad que ya no puede ser ignorada.

En la capital, el aumento de personas durmiendo en veredas, plazas y espacios públicos llevó al gobierno a implementar el denominado Operativo Calle, una estrategia interinstitucional que busca retirar a las personas de la vía pública y derivarlas a centros de atención del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). El operativo combina asistencia social, intervención sanitaria y, en última instancia, la aplicación de la Ley de Faltas, que habilita a actuar ante situaciones de vagancia, pernocte en espacios no habilitados y conductas que afecten la convivencia.

Si bien el debate sobre este enfoque no está saldado, lo cierto es que Montevideo logró ordenar parcialmente una situación que se había vuelto crítica, especialmente en zonas céntricas y comerciales. La pregunta que hoy comienza a instalarse es si no llegó el momento de aplicar un modelo similar en ciudades del interior, donde el fenómeno crece sin una respuesta estructurada.

La realidad que se da en Salto

En Salto, por ejemplo, se multiplican los reclamos vecinales por ocupación de espacios públicos, conflictos, problemas de higiene y episodios de inseguridad asociados a asentamientos improvisados. A esto se suma una realidad compleja: muchas de las personas en situación de calle presentan consumos problemáticos, problemas de salud mental o rupturas familiares profundas, lo que vuelve insuficiente cualquier respuesta improvisada o meramente asistencial.

Atacar el problema no implica criminalizar la pobreza, sino reconocer que la permanencia en la calle vulnera derechos básicos, tanto de quienes la padecen como del resto de la comunidad. Dormir a la intemperie no puede ser considerado una opción válida ni tolerable en un país que cuenta con estructuras estatales de contención, aun cuando estas deban ser fortalecidas.

El Operativo Calle apunta justamente a ese equilibrio: retirar a las personas de la vía pública, garantizarles un lugar donde dormir, alimentación y atención básica, y comenzar un proceso de seguimiento social. La aplicación de la Ley de Faltas funciona como último recurso, cuando existe resistencia sistemática a recibir asistencia o cuando se generan conflictos reiterados.

Extender esta política al interior del país exigiría coordinación entre intendencias, Mides, Ministerio del Interior y sistema de salud, además de una decisión política clara. También requerirá inversión y adaptación a las realidades locales, pero postergar la discusión solo agrava el problema.

La situación de calle no se resuelve con indiferencia ni con parches temporales. Es una emergencia social que demanda acción, planificación y firmeza. Si Montevideo avanzó —con aciertos y errores—, el interior no puede seguir mirando para otro lado. La calle no puede ser el destino final de nadie, ni una solución tolerada por el Estado.