La rápida acción de la Policía, la Fiscalía y la Justicia Penal permitió desarticular una peligrosa banda criminal en Salto, integrada por el edil Álvaro Godoy, su pareja de nacionalidad colombiana y tres delincuentes llegados desde Montevideo. El grupo planeaba asaltar la recaudación de una multitudinaria fiesta en el Salto Polo Club —donde se esperaban unas tres mil personas— y asesinar al organizador del evento.

La investigación reveló que Godoy, lejos de ser un representante ejemplar, tenía un historial de conducta dudosa. En su paso por instituciones de asistencia social, habría desviado fondos destinados a personas vulnerables para invertir en equipamiento de locales nocturnos. Su llegada a la política, como puntero y posteriormente edil del Frente Amplio, le sirvió más para su beneficio personal que para servir a la ciudadanía.

El plan criminal, que pretendía posicionarlo como figura central de la noche salteña, combinaba ambición, cinismo y una peligrosa vinculación con redes delictivas. La rapidez de la respuesta policial evitó lo que pudo haber sido una tragedia y expuso el grado de infiltración del delito en la vida política local. También, la fragilidad de ciertos mecanismos de control y la necesidad de depurar la representación pública. Personajes como Godoy no solo traicionan la confianza de los votantes, sino que también degradan la función política al ponerla al servicio del delito. Su detención y el proceso judicial que enfrenta marcan un punto de inflexión. La sociedad salteña, conmocionada, exige respuestas y mayor transparencia en la selección de candidatos. La política no puede ser refugio de oportunistas ni de mafias disfrazadas de servidores públicos.

Hoy, la prisión es el único lugar que corresponde a quienes utilizaron el poder para delinquir. Y el desafío que queda es asegurar que hechos como este no vuelvan a repetirse.