La Junta Departamental de Salto fue convocada a una sesión extraordinaria para este jueves 8 de enero de 2026, con el objetivo de analizar la reciente reducción del descuento del IMESI en los departamentos fronterizos con Argentina. La medida, que comenzó a regir desde el 1º de enero, ha generado una fuerte preocupación entre autoridades locales, comerciantes y ciudadanos, debido a sus consecuencias directas sobre el costo de vida y la actividad económica.

Según consta en la convocatoria, el descuento que se aplicaba a quienes cargaban combustible con tarjeta en zonas de frontera fue nuevamente ajustado a la baja. Aunque anteriormente se mantenía en un 33%, la nueva reducción amplía aún más la brecha de precios entre Uruguay y Argentina, donde el combustible sigue siendo considerablemente más barato .

Un encarecimiento progresivo que impacta en los hogares

Los ediles que promovieron la sesión advirtieron que Salto, junto con Paysandú y Río Negro, se encuentra entre los departamentos más perjudicados. En apenas cinco meses, el descuento del IMESI pasó del 40% al 28%, lo que representa una caída de 12 puntos porcentuales. En términos reales, esto equivale a un aumento del 20% en el precio del combustible que pagan los salteños.

Este incremento no solo afecta a los automovilistas, sino que tiene un impacto transversal en toda la economía local. El combustible es un insumo básico para el transporte, la producción, los servicios y el comercio, por lo que cualquier variación en su precio repercute en el costo final de múltiples bienes y actividades.

Comercio, empleo y consumo en riesgo

Uno de los puntos más críticos señalados por los ediles es el daño que esta política puede provocar en el comercio fronterizo. La diferencia de precios con Argentina ya venía incentivando a muchos consumidores a cruzar la frontera para abastecerse, y esta nueva reducción del beneficio fiscal podría intensificar ese fenómeno.

La menor circulación de dinero en el departamento amenaza con generar un efecto dominó: caída del consumo interno, disminución de ventas, pérdida de empleos y retracción de la actividad económica. Para los representantes departamentales, se trata de una situación que exige respuestas urgentes y coordinadas entre los distintos niveles de gobierno.

Un reclamo que busca soluciones concretas

La sesión extraordinaria solicitada apunta a debatir el tema en profundidad y a elevar un reclamo formal ante las autoridades nacionales. El objetivo es revertir o mitigar el impacto de la medida, entendiendo que los departamentos de frontera enfrentan condiciones particulares que requieren políticas diferenciadas.

Salto no solo enfrenta un problema de precios, sino una cuestión estructural que pone en juego su competitividad regional. En ese contexto, el tratamiento del IMESI se convierte en una herramienta clave para sostener el empleo, proteger el comercio local y garantizar mejores condiciones de vida para sus habitantes.