En nuestro Ciclo de entrevistas en LA PRENSA Streaming recibimos a Luis Mendieta, integrante del Grupo Reencuentro de Familiares de Personas Privadas de la Libertad. Este colectivo se ha organizado para defender los derechos de los presos, especialmente frente a los traslados inconsultos, que los alejan de sus familias a cientos de kilómetros, a pesar de que existe una ley que garantiza el derecho a la visita.

Mendieta comenzó contando cómo nació este grupo. Se fundó hace unos cinco meses y ya avanza en convertirse en organización civil, con un objetivo claro: defender el cumplimiento de la Ley 14.470, conocida como la “ley de cárceles”. Su corazón es el artículo 10, que reconoce el derecho de todo preso a recibir visitas de familiares y amigos. Para Mendieta, esa norma se está vulnerando cada vez que un detenido es trasladado lejos de su lugar de origen: “No solo se le corta el derecho al privado de libertad, también se toma como rehenes a las familias, que no pueden viajar ni mantener el vínculo con sus seres queridos”.

La versión oficial y la respuesta

Consultado sobre la postura del Ministerio del Interior, Rodriguez e recordó que en una visita a Salto, del Sr. Ministro Carlos Negro, derivó la pregunta al director de Policía, quien defendió los traslados como medidas de seguridad. Según las autoridades, alejar al preso de la ciudad donde delinquió reduce riesgos. Pero Mendieta fue categórico: “Cuando la justicia ya procesó a alguien, deja de ser un peligro para la sociedad. Trasladarlo es desconocer la ley y vulnerar un derecho humano básico”.

El costo para las familias

El dirigente puso énfasis en el impacto económico y emocional que viven los familiares: viajes imposibles de costear, largas distancias que hacen que madres y padres pasen años sin ver a sus hijos. Incluso el envío de una simple caja de alimentos puede convertirse en un sacrificio de meses. “El INR se supone que trabaja para la rehabilitación. Pero, ¿cómo rehabilitar a alguien si lo alejan de su familia, que es el principal lazo afectivo para no reincidir?”, reflexionó. El grupo no solo denuncia, también se organiza para ayudar. Cada viernes, en las reuniones, juntan alimentos no perecederos para armar cajas y colaborar con familias que no tienen cómo sostener la visita o enviar apoyo a los presos.

Una realidad que duele

Mendieta describió además las condiciones carcelarias: hacinamiento y falta de inversión. Para él, el problema no se resuelve alejando presos, sino construyendo módulos de seguridad donde haya espacio, como en predios ya disponibles en unidades del norte o en cárceles semivacías como Tacuabé. “No hablamos de construir cientos de módulos. Con voluntad política y recursos se puede resolver”, aseguró.

Justicia desigual

El entrevistado también cuestionó la doble vara: mientras presos pobres son trasladados lejos de sus familias, algunos condenados por crímenes graves cumplen penas en cárceles especiales. “En Domingo Arena o en Florida hay personas con privilegios, incluso condenados por abusos o delitos de lesa humanidad. Ellos sí eligen dónde pagar su condena. La peligrosidad se aplica solo a los pobres”, denunció.

Propuestas sobre la mesa

El Grupo Reencuentro no se limita a reclamar: ha presentado alternativas concretas en reuniones con diputadas, senadores, dirigentes sindicales y hasta con el presidente de la República. Entre ellas, destacan la construcción de módulos cercanos a los lugares de origen de los presos, el uso de instalaciones subutilizadas y la necesidad de priorizar la rehabilitación antes que la dispersión.

Un mensaje a la sociedad

En el tramo final de la entrevista, Mendieta envió un mensaje a quienes miran este tema desde lejos: “En Uruguay no existe la pena perpetua. Tarde o temprano, quienes hoy están presos volverán a la sociedad. Entonces, ¿queremos que regresen resentidos y sin vínculos, o con la oportunidad de rehacer su vida? Todos cometemos errores. Lo importante es que exista una segunda oportunidad y que el Estado cumpla las leyes que ya tenemos”.