Un nuevo ajuste en la política fiscal encendió las alarmas en el litoral uruguayo. La reciente modificación del Impuesto Específico Interno (IMESI) aplicada a los combustibles en zonas de frontera motivó la presentación de un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, en busca de respuestas claras sobre sus efectos y fundamentos.

Impacto directo en precios y competitividad

El cambio implica una reducción del beneficio fiscal del 32% al 24% en departamentos como Salto y Paysandú, ubicados frente a Argentina. La medida genera preocupación por su posible impacto en el precio final de los combustibles, lo que podría repercutir directamente en el costo de vida de los habitantes y en la actividad comercial de la región. Comerciantes y actores locales advierten que la menor ventaja impositiva podría afectar la competitividad frente a la oferta del país vecino, profundizando las asimetrías ya existentes. Esto, a su vez, podría traducirse en menor dinamismo económico y riesgos para el empleo en el litoral.

Falta de claridad y criterios técnicos

Entre los principales cuestionamientos se encuentra la falta de información detallada sobre los criterios técnicos que justifican la decisión del gobierno. También se busca conocer cómo fueron calculados los nuevos valores y qué proyecciones se manejan respecto al impacto real de la medida. El Diputado Horacio de Brum realizó un pedido de informes que apunta, además, a establecer mecanismos claros para medir las consecuencias en la frontera, tanto en términos de consumo como de actividad económica.

Incertidumbre en el horizonte

Con variables clave en juego como el costo de vida, el comercio y el empleo, la falta de definiciones concretas alimenta la incertidumbre en una región históricamente sensible a los cambios económicos. Sin reglas claras ni explicaciones suficientes, crecen las dudas sobre el rumbo de la política fiscal en la frontera.