La laicidad en nuestro país se fue gestando desde 1909 y tiene rango constitucional desde 1917 hasta el día de hoy. Se entendió que la Iglesia debía estar separada del Estado, por lo que en la Educación Pública ya no se podía enseñar y mucho menos imponer religión alguna. Con anterioridad ya se habían secularizado los cementerios, permitiendo el sepelio de todos sin perjuicio de su religión e incluso a aquellos que no profesaban ninguna. Fue a raíz de la negativa de la Iglesia Católica, que administraba los cementerios, a enterrar a Enrique Jacobson  en el año 1861 por su condición de masón, lo que generó un fuerte conflicto al que dio solución el entonces Presidente de la República Bernardo Berro, quien transfirió la administración  de los mismos al Estado.  Los cementerios pasaron a ser espacios públicos.

Con el correr de los años, dada la expansión en Uruguay de distintas religiones, se entendió que era necesario enseñar en las aulas de forma objetiva, todas las religiones, indiscriminadamente, para ilustrar a los alumnos, respetando su libertad de conciencia y derecho a formar su idea propia.  

Laicidad

El término “Laicidad” tiene su origen en la diferenciación que la Iglesia da a las autoridades eclesiásticas y los “Laicos”, que son las personas que sin estar “ordenados”, trabajan y apoyan sus actividades.  Hoy, y desde hace mucho tiempo atrás, la palabra laicidad tomó un significado más amplio y se refiere a la no injerencia de religión alguna en el Estado, la enseñanza pública, etc.

Además de la amplitud de la laicidad respecto  a la no injerencia religiosa, se extiende a las distintas filosofías, ideologías, teorías políticas y todo aquello que expresa o tácitamente se pretenda imponer como dogma indiscutible, doctrina que ponga en riesgo la libertad de pensamiento, coarte el derecho de los individuos a elegir la concepción que más satisfaga su razón y corazón. De ahí que para marcar esa diferencia, hay quienes prefieren hablar de “laicismo”.

En un Estado de Derecho republicano y democrático como el nuestro, además de las instituciones y principios que lo sustenta, separación de poderes, diversidad de partidos políticos, elecciones libres, etc. son imprescindibles dos derechos fundamentales sin los cuales nuestra democracia estaría muy incompleta: Libertad de Prensa (sin censura previa) y la Laicidad. De ahí su enorme importancia.   

Laicidad Activa

Esta breve reseña tiene por único objeto definir los términos, para llegar a entender de qué se trata la “Laicidad Activa”. Como seres pasionales que somos, tendemos a defender nuestras posturas ideológicas, sin detenernos a razonar en forma desapasionada y sincera, las luces y sombras que toda teoría tiene. Ocasionalmente, en forma inconsciente y a veces no, bajo el manto de la libertad de cátedra, se viola la laicidad y se pierde objetividad. Se agrava el problema cuando hay un auto convencimiento de las ideas que profesan son absolutamente ciertas y por lo tanto no violan la laicidad porque son la (única) verdad.

Un libre pensador, debe tener claro que toda teoría, por más clara, completa y convincente que sea, fue creada por el hombre, quien es por definición, imperfecto, o si se quiere, perfectible. Así es también, todo lo que proviene de su mente. Toda teoría o postura filosófica, es un aporte cultural, siempre con aciertos y errores, y así debe ser tomada en cuenta.   

También el laicismo, como principio, requiere una cuota de pragmatismo para lograr sus objetivos. Esto da lugar a la llamada “Laicidad Activa”

La laicidad activa es una interpretación de la laicidad según la cual el Estado no solo se mantiene neutral frente a las creencias religiosas, filosóficas o ideológicas, sino que además debe promover  activamente las condiciones para que todas las personas gocen de su libertad de conciencia en igualdad de condiciones. Como toda norma constitucional, el Estado no puede limitarse a ser tolerante, no puede ser indiferente ante la diversidad de convicciones, debe actuar para asegurar la libertad y la igualdad de todas ellas, sin identificarse con ninguna en particular.

La Laicidad Activa, en síntesis,  significa que las instituciones públicas deben garantizar la diversidad de creencias, fomentando el diálogo sincero y desinteresado.

Función indelegable del Estado

Por lo expuesto, la salvaguarda del laicismo es una función indelegable del Estado, de las normas constitucionales se infiere claramente que ni las instituciones privadas, ONG’S, partidos políticos u otras instituciones pueden impartir ideas religiosos o filosóficas, subvencionados directa o indirectamente por el Estado. Por ejemplo, si en una de estas instituciones se brinda asistencia, ya sea alimentaria, refugio o residencia o contención de personas adictas, está muy bien que lo haga, pero sin respaldo estatal cuando haya proselitismo.

Pienso que la cuota de pragmatismo a que hice referencia, se justifica ante los recursos insuficientes del Estado para hacer frente a todos los males que aquejan a la sociedad. Las buenas intenciones que tienen la gran mayoría de las instituciones que atienden estos problemas, de muy difícil solución, lo puedan realizar con ayuda del Estado. Sin embargo, en éstos casos, bajo un estricto control del respeto al laicismo. No es una tarea sencilla, pero de lo contrario, las normas constitucionales que desde hace más de un siglo nos cobijan, quedarán por el camino.

George Ashby