Se trata, en definitiva, de una iniciativa que busca dar respuesta a una problemática social y económica. En los últimos días, La Prensa ha informado sobre un proyecto que apunta a reducir la elevada cantidad de motos incautadas en el departamento de Salto. La propuesta, impulsada originalmente por el ex edil Gerardo Llobet, tomó ahora carácter formal tras ser presentada en la Junta Departamental por el edil frenteamplista Danny Coelho, con fecha 24 de febrero. La iniciativa surge ante una realidad que, según se plantea, afecta especialmente a trabajadores de menores ingresos que utilizan la moto como principal herramienta de movilidad y sustento laboral.

Miles de motos retenidas y controles más estrictos

En la exposición presentada ante el legislativo departamental, Coelho señaló haber recibido la inquietud de Llobet, quien manifestó su preocupación por la situación actual vinculada a los controles de tránsito y las dificultades económicas que enfrentan muchos ciudadanos para regularizar su documentación.
De acuerdo a la información manejada públicamente, existirían alrededor de 12.000 motos retenidas y depositadas en la chacra municipal. Paralelamente, los controles de tránsito se han intensificado en distintos puntos del departamento.
El edil aclaró que comparte plenamente la necesidad de controles y el cumplimiento de la normativa vigente, incluyendo la obligatoriedad del carnet de conducir. Sin embargo, sostuvo que también resulta imprescindible analizar el impacto económico que implica para un trabajador ponerse al día con los requisitos legales.

El costo de regularizarse, igual o mayor al valor de la moto

Uno de los argumentos centrales del planteo refiere al costo real que enfrenta un ciudadano para obtener la documentación correspondiente.
Según lo expuesto, una moto usada puede adquirirse actualmente entre $5.000 y $6.000, mientras que un trabajador vinculado a la zafra citrícola percibe poco más de $1.000 por jornal.
A ello se suman los gastos necesarios para regularizar la situación:
Carnet de conducir: aproximadamente $2.300
Carnet de salud: cerca de $1.200
Jornales perdidos para realizar trámites y rendir exámenes.
En términos generales, el costo total puede superar los $6.000, cifra que en muchos casos equivale al valor del propio vehículo.

Una amnistía excepcional por 90 días

Ante este escenario, el edil propuso estudiar la aplicación de una amnistía excepcional de regularización, orientada a facilitar el acceso a la documentación sin eliminar los controles.

La propuesta incluye tres medidas principales:

Suspender durante 90 días la retención de motos por falta de licencia de conducir.
Otorgar, por única vez, el carnet de salud y el carnet de conducir para motos pequeñas al 50% de su valor actual.
Establecer que el costo total del proceso no supere los $1.600 durante ese período especial.
Según Coelho, esta medida permitiría que muchas personas puedan regularizar su situación en un plazo acotado, especialmente aquellas que hoy no lo hacen por falta de empleo o ingresos suficientes.

Inclusión social sin eliminar controles

El edil remarcó que la iniciativa no pretende flexibilizar las normas de tránsito ni eliminar fiscalizaciones, sino generar una herramienta concreta de inclusión. “La moto es, para muchos trabajadores, un instrumento de trabajo y sustento familiar”, sostiene el planteo presentado, señalando además que la Junta Departamental ya ha aprobado anteriormente amnistías vinculadas a padrones de inmuebles y vehículos sin afectar el funcionamiento administrativo. Asimismo, se argumenta que una medida de este tipo no tendría un impacto económico significativo para la Intendencia, pero sí podría traducirse en una mayor formalización y regularización ciudadana.

El planteo fue remitido al Ejecutivo Departamental

Finalmente, Coelho solicitó que su exposición sea enviada al Intendente de Salto, al Director de Movilidad Urbana y a los medios de comunicación, con el objetivo de que se estudie la viabilidad de la propuesta.
De prosperar la iniciativa, Salto podría implementar un mecanismo excepcional orientado a disminuir el número de vehículos incautados y facilitar el acceso a la documentación obligatoria, en un debate que combina seguridad vial, realidad social y políticas de inclusión.