La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ha generado una profunda controversia en el ámbito judicial uruguayo tras sancionar a dos defensoras públicas por su actuación en un caso que data de 2013, decisión que es disparador sobre un debate sobre la independencia técnica de los profesionales de la defensa. El pasado 19 de diciembre de 2024, la SCJ resolvió aplicar sanciones disciplinarias a las abogadas Gabriela Machado y Lorena Suárez, profesionales con amplia trayectoria judicial de 30 y 7 años respectivamente. La resolución ha sido inmediatamente cuestionada por la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay (Adepu), que ve en esta medida un grave ataque a la autonomía profesional.