La adjudicación de terrenos municipales bajo la modalidad de comodato despertó, en su momento, una enorme ilusión entre cientos de vecinos de la ciudad. Para muchos, integrarse a una cooperativa de viviendas representaba la posibilidad concreta de acceder a la casa propia, siguiendo un camino que en Uruguay ha demostrado ser viable cuando se respetan los marcos legales, los reglamentos y los procedimientos administrativos vigentes.

Sin embargo, esa ilusión comenzó a desdibujarse cuando quedó en evidencia que parte de esas adjudicaciones se realizaron de forma irregular durante una gestión municipal anterior. La entrega de terrenos municipales, lejos de cumplir con todos los requisitos legales, se transformó en una decisión política apresurada que hoy tiene consecuencias directas sobre la vida de cientos de familias.

Un beneficio que nunca se consolidó

La dura realidad la viven actualmente los integrantes de 63 cooperativas de vivienda que, años atrás, fueron “beneficiadas” con la cesión en comodato de terrenos de propiedad municipal. Esos predios nunca pasaron por la Junta Departamental para su autorización, tal como establece la normativa vigente, un paso indispensable para validar cualquier cesión de este tipo.

Esa omisión administrativa es hoy el principal obstáculo que enfrentan las cooperativas. Al no contar con una adjudicación regularizada, se les impide acceder a créditos y a los programas de asistencia del Ministerio de Vivienda, lo que dejó los proyectos en un limbo legal y financiero.

Obras iniciadas y luego paralizadas

Tras la entrega de los terrenos, a los cooperativistas se les proporcionaron planos de viviendas y muchos comenzaron a construir con recursos propios. Se levantaron cimientos, paredes y, en algunos casos, las obras quedaron muy avanzadas. Pero con el cambio de administración municipal, la situación dio un giro abrupto.

El actual gobierno departamental ordenó la paralización de las construcciones, mientras se analizan alternativas para regularizar y encauzar legalmente los proyectos. La medida, aunque necesaria desde el punto de vista administrativo, profundizó la angustia de familias que ya habían invertido tiempo, dinero y esfuerzo en sus futuras viviendas.

Irregularidades que complejizan la solución

El problema no se limita únicamente a la falta de autorización de la Junta Departamental. En los expedientes consta que los terrenos fueron cedidos, pero sin habilitación para construir, una contradicción que refleja la precariedad del proceso. A esto se suman otras falencias: la ubicación de los predios, la ausencia de un proyecto ordenado de urbanización y la imposibilidad de acceder, en varios casos, a servicios básicos como agua potable, saneamiento y energía eléctrica.

Son exigencias que debieron haberse contemplado desde el inicio y que hoy hacen mucho más compleja cualquier solución de fondo.

Cuando la política desplaza a lo social

Con el paso del tiempo, se vuelve cada vez más evidente que todo el proceso fue concebido como un gancho político, orientado a captar apoyo electoral. La selección de beneficiarios priorizó compromisos partidarios y militancia, por encima del cumplimiento estricto de la legalidad y de una planificación urbana responsable.

El resultado está a la vista: decenas de cooperativas atrapadas en una maraña administrativa, obras detenidas y vecinos que sienten que se jugó con su esperanza. Lo que debía ser una política social seria y transformadora terminó convertida en un problema heredado, producto de un manejo más político que social, y carente de la responsabilidad que una decisión de este tipo exige.

Hoy, esas 63 cooperativas representan no solo un desafío administrativo, sino también una deuda moral con cientos de salteños que aún esperan que la promesa de la casa propia deje de ser solo eso: una promesa incumplida.