El gobierno argentino anunció este viernes el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa estatal que provee agua potable y servicios cloacales a más de 11 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense. La medida se enmarca en la estrategia económica del presidente Javier Milei, que apunta a reducir el tamaño del Estado y avanzar con un ambicioso programa de desregulación y ajuste fiscal. Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el proceso contempla la transferencia del 90% de las acciones de AySA —hoy en manos del Estado— mediante una licitación pública nacional e internacional. El 10% restante quedará en manos de los empleados de la empresa.

“La privatización permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio”, afirmó Adorni en conferencia de prensa. El funcionario señaló además que se abrirá el capital de la compañía a inversores a través de una oferta pública inicial.

AySA fue incluida en la lista de empresas estatales sujetas a privatización en el marco de la llamada "Ley Bases", aprobada en 2024. En ese paquete legislativo también se autoriza la venta de firmas como Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y otras empresas estratégicas.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte ajuste macroeconómico. El gobierno logró revertir el déficit fiscal —con superávit en las cuentas públicas por primera vez desde 2010— y desacelerar la inflación interanual del 211% en 2023 al 118% en 2024. No obstante, el costo social del programa es creciente: el desempleo alcanzó el 7,9% en el primer trimestre de 2025, y amplios sectores de la población vieron deteriorarse su poder adquisitivo, en particular empleados públicos y jubilados.