La administración de  Lacalle Pou, estuvo marcada por un  debate en torno a las ocupaciones de lugares de trabajo y los piquetes sindicales. Según cifras oficiales, se registraron 162 ocupaciones y 34 piquetes durante ese período, evidenciando la tensión entre el derecho a la huelga y la operatividad de las empresas e instituciones. En este contexto, el nuevo gobierno de Yamandú Orsi ha anunciado modificaciones en la normativa vigente, desatando una nueva discusión.

Ocupaciones y piquetes: un análisis del quinquenio

De acuerdo con los datos disponibles, el 76% de las ocupaciones de lugares de trabajo ocurrieron en el sector público, mientras que el 82% de los piquetes tuvieron lugar en el sector privado. En particular, las ocupaciones fueron recurrentes en liceos (60 ocasiones) y plantas de supergás (16 casos entre marzo y julio de 2023). Los piquetes, por su parte, se concentraron en áreas estratégicas como el Puerto de Montevideo y polos logísticos de empresas de transporte y energía. La normativa que reguló estas medidas, establecida mediante el decreto 281/020, permitía al empleador o jerarca de una institución solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo para exigir la desocupación inmediata. Sin embargo, el gobierno de Orsi ha anunciado cambios en esta reglamentación, buscando lo que algunos legisladores han denominado una "descriminalización" de las ocupaciones, entendiéndolas como una extensión del derecho a la huelga.

La reforma impulsada por el Ministro de Trabajo Juan Castillo

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, ha expresado que la nueva normativa permitirá la desocupación únicamente si los huelguistas impiden el acceso de empresarios, jerarcas o trabajadores que no adhieran a la huelga. Esta iniciativa ha generado opiniones divididas. Mientras el oficialismo sostiene que la medida fortalece los derechos sindicales, la oposición advierte sobre sus posibles efectos negativos en la inversión y la estabilidad empresarial. El ex ministro de Trabajo, Pablo Mieres, aseguró que el sistema vigente "funciona bien" y que los cambios podrían generar incertidumbre en la actuación del Estado. En la misma línea, dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado han expresado su rechazo, señalando que la medida podría incentivar la conflictividad laboral y la "extorsión" por parte de los sindicatos.

Consecuencias políticas y sociales

El debate sobre la regulación de las ocupaciones también tiene implicancias políticas. Algunos sectores de la oposición consideran que esta iniciativa responde a compromisos políticos del Frente Amplio con sindicatos afines y con el Partido Comunista, al que pertenece Castillo. Además, se ha cuestionado si esta reforma refleja la real voluntad popular expresada en el referéndum de 2022, donde se ratificó el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que permitió la normativa actual. Por otro lado, el gobierno defiende su postura argumentando que las ocupaciones que no afecten el funcionamiento de la empresa o institución no deberían ser consideradas ilegales. No obstante, la oposición ha advertido que, de aplicarse la nueva normativa sin modificaciones en la ley, podría generar conflictos legales entre el Estado y los empleadores afectados. Por lo señalado, todo indica que ya se abrió un gran debate, porque la iniciativa, marca un ya reiterada tendencia desde la izquierda: ignorar o alentar “leyes interpretativas y/o reglamentarias, en termas, donde mediante plebiscito, la sociedad ya se pronoció en forma clara y terminante.