La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, aclaró sus dichos sobre el impacto de la futura reforma del Código del Proceso Penal (CPP) y afirmó que la eventual liberación de personas privadas de libertad sería “menor a 400”, lejos de los más de dos mil casos que había mencionado inicialmente como una estimación general. La polémica se instaló tras la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, en la que el senador colorado Pedro Bordaberry cuestionó que la reforma implicaría “liberar presos”. El legislador apuntó especialmente a la ampliación de la libertad anticipada a delitos graves y sostuvo que el gobierno repetiría errores del pasado.

En principio Juanche habló de 2.000 privados de libertad

Ayer, en declaraciones a Canal 5, Juanche se refirió a un universo de más de dos mil personas que podrían ser liberadas. La jerarca explicó que ese cálculo surgía de estimar un 15% de la población carcelaria, aunque advirtió que se trataba de un número “a vuelo de pájaro” y no de una proyección precisa. “Va a mover la aguja, porque personas que se puedan descomprimir… o sea, el 15 por ciento de 17 mil personas es mucha gente, son más de dos mil personas”.

Bordaberry difundió la afirmación en sus redes sociales 

En sus redes sociales, Bordaberry difundió el recorte de la entrevista y afirmó que el Frente Amplio propone “liberar presos… esta vez a dos mil”, incluyendo “rapiñeros, homicidas y violadores”. Por su parte, el senador nacionalista Javier García advirtió en rueda de prensa que su fuerza política rechazará “toda modificación que implique la liberación de presos”. “Yo creo que es un profundo error. Es recorrer un camino que en los gobiernos del Frente Amplio se había recorrido y que se demostró que no es un camino bueno ni contribuye a mejorar la seguridad pública”.

Tras repercusión política Juanche “aclaró” y generó más dudas…

Tras la repercusión política, Juanche reconoció que su planteo “quedó confuso” y explicó que no todas esas personas estarían en condiciones de acceder a la libertad anticipada. En diálogo con La Diaria, precisó que, si la reforma estuviera vigente hoy, el número efectivo sería sensiblemente menor, en el entorno de los 400 casos. Además, subrayó que no es el Ministerio del Interior quien decide las liberaciones, sino la Justicia, que evalúa cada situación con intervención de la Fiscalía. Según indicó, el cambio apunta a restituir un mecanismo que ya existía, para que los jueces puedan resolver caso a caso bajo las condiciones previstas en el CPP.