La investigación penal sobre Conexión Ganadera y sus directivos detectó "una compleja red de transacciones inmobiliarias y societarias de alto valor, uso de letras de cambio, hipotecas y arrendamientos rurales entre los investigados, sus familiares y empresas relacionadas". En un informe que la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) realizó a pedido del fiscal Enrique Rodríguez, al que accedió El Observador, se concluyó que “las operaciones involucran montos significativos que justifican la investigación por presunto lavado de activos”. A pedido del fiscal el reporte de la Senaclaft indagó los bienes que compraron y vendieron los indagados, su entorno, domicilios y sociedades vinculadas entre 2018 y mayo de 2025. 

En el entramado de empresas y de bienes adquiridos aparece la compra de un campo por parte de Gustavo Basso en el departamento de Río Negro por el que pagó casi US$ 6 millones. Basso adquirió ese predio a través de Menafra SAS, en la que figura como representante legal y único accionista. Esa SAS se dedicaba a “actividades de sociedades de control (holding)” hasta 2022 cuando pasó al giro de “predio rural explotado por terceros”. 

Esa operación tuvo lugar en abril de 2022. Un  mes después, Basso compró otro campo en Rocha por U$S 3,1 millones, a través de la empresa Sauce Chico SAS , en la que figura como administrador. 

Asociada a Basso también figura Lerosur SA, con domicilio en la calle Rodó de Florida, que funciona desde julio de 2015, con el giro de “propiedad y explotación de bienes inmobiliarios propios no rurales” y que desde enero de 2016 pasó a registrarse en el rubro “construcción de obras de arquitectura”. 

Esa sociedad registró una serie de operaciones inmobiliarias vinculadas a la venta de 16 unidades de propiedad horizontal.  Entre ellas, cuatro fueron escrituradas, por US$ 260 mil, al párroco de Florida, César Buitrago, allegado a Basso.