El cierre inesperado de la empresa tabacalera Maregroup, que operaba en la zona franca del departamento de Florida, dejó a decenas de trabajadores sin respuestas ni ingresos, en un escenario que combina incertidumbre laboral y reclamos por falta de garantías. La firma, de capitales chinos, cesó sus actividades sin previo aviso, cortando todo contacto con su personal tras dejar de pagar salarios desde enero. Según relataron fuentes vinculadas a los trabajadores, parte del directorio había viajado a Asia para celebrar el Año Nuevo Chino —una práctica habitual—, pero esta vez, tras el 3 de marzo, nunca retomaron la comunicación.

Uno de los primeros indicios de que la situación no era normal se registró meses atrás, cuando la empresa retiró maquinaria clave de la planta. Estos equipos, pertenecientes a otra firma china, Excellent Top, habían sido enviados supuestamente a reparación, pero nunca regresaron al país y habrían sido redirigidos a Nicaragua.

Pese a estos movimientos, Maregroup mantuvo una apariencia de normalidad. Incluso presentó documentos internos que proyectaban la continuidad de la producción para el período 2026-2027, lo que, según ex trabajadores, descartaba cualquier sospecha de cierre. “En ningún momento se habló de clausura”, afirmaron.

Costos salariales generaron años de pérdidas

Los problemas de fondo, sin embargo, se remontan a 2020. De acuerdo con fuentes de la empresa, los altos costos salariales del sector tabacalero, generaron dificultades económicas. Las negociaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo y el Sindicato Autónomo Tabacalero llevaron a Maregroup a aceptar condiciones que, según su versión, derivaron en pérdidas sostenidas.

Aunque en 2023 se acordó un “descuelgue” salarial que permitió retomar la actividad, la estabilidad nunca fue plena. Hoy, con la planta sin maquinaria y sin comunicación empresarial, los trabajadores denuncian encontrarse en un vacío total.

El conflicto también expone tensiones sindicales. Mientras el SAT gestionó ante el gobierno la extensión del seguro de paro para sus afiliados —unos 25 trabajadores—, otros empleados no sindicalizados aseguran haber quedado completamente desprotegidos. “No se trata de afiliados o no, somos todos trabajadores abandonados”, señalaron.

Sin respuestas oficiales ni señales de la empresa, el caso deja al descubierto la fragilidad de ciertos emprendimientos en zonas francas y la vulnerabilidad de quienes dependen de ellos para subsistir.