El Poder Ejecutivo presentó una demanda en la justicia civil contra el astillero español Cardama en la que reclama una compensación económica de 82 millones de euros por los perjuicios que, según sostiene, ocasionó al Estado el incumplimiento del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) destinadas a la Armada Nacional. El escrito, de unas 200 páginas, detalla las irregularidades detectadas por el gobierno en el proceso y busca resarcir al Estado por los daños derivados de la frustrada operación.