La interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, motivada por la situación laboral del presidente de ASSE, Álvaro Danza, concluyó sin cambios en la conducción del organismo, aunque dejó en evidencia profundas tensiones políticas y acusaciones de irregularidades éticas y constitucionales. Pese a la presión ejercida por la oposición, Danza continuará al frente del prestador público, con el respaldo firme del oficialismo.

El centro del debate parlamentario fue la presunta incompatibilidad entre las funciones públicas de Danza y sus actividades en mutualistas privadas. Según el diputado interpelante Gerardo Sotelo (Partido Independiente), este cúmulo de tareas violaba el artículo 200 de la Constitución y otras normativas en materia de ética pública. Sotelo argumentó que incluso tras la renuncia de Danza a sus empleos privados, los hechos previos configuraban un conflicto de intereses suficiente para exigir su salida de ASSE.

La sesión, extensa y marcada por intercambios tensos, derivó también en críticas a la gestión del expresidente de ASSE, Leonardo Cipriani, durante el gobierno anterior. Desde el Frente Amplio se planteó la posibilidad de impulsar una comisión investigadora debido a pesquisas administrativas que están en curso dentro de la institución. Para la oposición, las respuestas de la ministra Lustemberg fueron insuficientes, y sostuvieron que Danza ocupa “ilegítimamente” su cargo, afectando la transparencia institucional. 

Otro punto de conflicto fue la decisión de Danza de rescindir un convenio con el Círculo Católico mientras trabajaba como médico contratado en mutualistas competidoras. Para Sotelo, esta sola concurrencia configuraba un conflicto de intereses sin necesidad de demostrar beneficio económico. Identidad Soberana, por su parte, calificó la situación como “insostenible” y anunció que presentará una denuncia penal ante Fiscalía por presunta omisión de denunciar hechos con apariencia delictiva.

El oficialismo defendió con firmeza a la ministra y a Danza. Lustemberg reiteró que no existía incompatibilidad alguna, apoyándose en el informe de la Jutep, y destacó el liderazgo y compromiso del presidente de ASSE, a quien calificó como “la mejor persona” para conducir la institución.

Hacia el cierre, las votaciones reflejaron la dispersión política: El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente votaron juntos su propia moción, que obtuvo 46 apoyos sobre 98 legisladores presentes. La moción del Frente Amplio recibió 48 votos a favor y 50 en contra. La de Identidad Soberana logró 16 adhesiones. La propuesta de Cabildo Abierto, de contenido intermedio, obtuvo solo dos votos. Ninguna de las cuatro mociones alcanzó la mayoría absoluta necesaria. En definitiva, el resultado parlamentario no modificó la situación institucional, pero sí dejó abiertas nuevas vías de confrontación política, incluidas la eventual denuncia penal y la posible apertura de una comisión investigadora. El conflicto promete continuar.