El oficialismo y la oposición han descartado un salvataje estatal tras la quiebra de varias empresas que ofrecían bonos ganaderos, argumentando que se trata de un conflicto entre privados. Como es notorio, tres fondos de inversión basados en negocios ganaderos  -Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera- quebraron, dejando a miles de inversores en una situación incierta. Mientras algunos abogados de los afectados proponen que el Estado intervenga, en los círculos políticos, se descarta esa posibilidad y se entiende que la solución debe provenir del ámbito judicial.

El impacto económico de la crisis es significativo. Se estima que las pérdidas ascienden a 250 millones de dólares, con un margen de error de 30 millones. Comparativamente, la crisis del 2002 dejó pérdidas mucho menores en relación con el total de activos manejados. Ante esta situación, algunos abogados de los inversores afectados están investigando los bienes de los socios de Conexión Ganadera y sugieren que estos aporten fondos para mitigar las pérdidas.

El ministro de Ganadería designado, Alfredo Fratti, expresó su preocupación por la falta de regulación sobre estas inversiones y sostuvo que el Banco Central del Uruguay (BCU) debió haber intervenido. Sin embargo, el BCU ha afirmado que estas inversiones no caen bajo su marco regulatorio, ya que se configuran como contratos de capitalización ganadera en lugar de inversiones financieras. Por su parte, el senador Sebastián Da Silva y el presidente electo Yamandú Orsi han enfatizado que la responsabilidad de resolver la crisis recae en la justicia.

Lo concreto y donde coinciden, tanto desde el gobierno saliente como del entrante, es que no consideran justo ni viable, un rescate estatal para los inversores afectados, como han reclamado abogados defensores y algunos afectados por esta fallida inversión.

Si se habla de estudiar, la posibilidad de presentar una propuesta legislativa para evitar situaciones similares en el futuro, mientras que el BCU analiza si es necesario un cambio en la legislación o si bastaría con mejorar la educación financiera.

Todo lo que, sin duda, deja muy claro que no esta a consideración de la clase política, rescate estatal alguno.