El oficialismo y la oposición lograron finalmente alcanzar un acuerdo político que permitió desactivar un conflicto parlamentario de creciente tensión en torno al denominado “Caso Cardama”. La solución consistió en la creación de una comisión investigadora bicameral especial, que funcionará en el ámbito de la Asamblea General y contará con representación de todos los partidos.

Un acuerdo de último momento

El diferendo había escalado a un punto crítico. Frente Amplio y coalición opositora impulsaban iniciativas separadas para investigar el caso vinculado al astillero español Cardama: el oficialismo promovía una comisión en el Senado, mientras que la oposición hacía lo propio en la Cámara de Diputados. Ambas propuestas avanzaban en paralelo, en una carrera política que amenazaba con fracturar el diálogo parlamentario y profundizar la confrontación.

Según fuentes legislativas, si el oficialismo concretaba la votación de su investigadora en el Senado —algo que estaba a punto de suceder— la oposición no solo no habría acompañado su conformación, sino que tampoco la habría integrado. El quiebre institucional podría haber tenido consecuencias políticas de alto impacto, incluida la eventual ausencia de legisladores opositores en la Asamblea General durante el discurso del presidente Yamandú Orsi, previsto para el 2 de marzo.

Además del deterioro en la relación política, la existencia de dos comisiones paralelas hubiera implicado duplicación de esfuerzos y un serio problema de legitimidad. Ninguna de las dos habría contado con el respaldo integral del sistema político, debilitando de antemano cualquier conclusión a la que arribaran.

Propuesta de Bordaberry: una salida institucional con respaldo multipartidario

La salida llegó tras intensas negociaciones. El acuerdo fue respaldado por el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y las fuerzas menores de la oposición —Cabildo Abierto, Partido Independiente e Identidad Soberana— que también integrarán la nueva comisión. Desde el oficialismo se valoró que la fórmula alcanzada jerarquiza la investigación, al dotarla de un marco institucional sólido y amplio respaldo político.

La clave para destrabar el conflicto fue una propuesta del senador Pedro Bordaberry, quien planteó en la bancada opositora la posibilidad de promover una única comisión bicameral en la Asamblea General. La idea, que surgió tras conversaciones con el senador Martín Lema, se apoyó en una interpretación de la Constitución que no impide la creación de una comisión especial de estas características. Con la propuesta definida, se solicitó una reunión con la presidenta del Senado, Carolina Cosse, y el coordinador de bancada del Frente Amplio, Daniel Caggiani. Participaron también legisladores de los principales partidos de la oposición. Tras el encuentro y consultas internas —que incluyeron al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz— el oficialismo aceptó la fórmula, aunque estableciendo condiciones que luego fueron negociadas.

El acuerdo final

Se acordó que la investigación abarque el período desde 2010, como punto intermedio entre las posturas iniciales. Asimismo, el enfoque de la comisión será neutro, evitando el marco restrictivo que inicialmente impulsaba el oficialismo, centrado en episodios previos a la rescisión del contrato durante el gobierno de Lacalle Pou. El Frente Amplio mantendrá la mayoría en la comisión, pero cederá la presidencia. La comisión será formalmente constituida el próximo lunes. Tendrá un plazo estimado de seis meses para trabajar. Entre las primeras medidas previstas figura la citación del empresario Mario Cardama y la recepción de la denuncia presentada por el Poder Ejecutivo ante Fiscalía, actualmente bajo reserva. También se prevé convocar a la ministra de Defensa, Sandra Lazo.

Se evito una crisis política mayor

El acuerdo evita una crisis política mayor y abre una etapa de investigación con mayor legitimidad institucional. Ahora, la responsabilidad recae en que el ámbito funcione con rigor, transparencia y equilibrio.