La decisión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) de presupuestar a 491 trabajadores ha generado controversia tanto en el ámbito político como entre los sindicatos de la salud. El presidente de ASSE negó categóricamente acusaciones de clientelismo político, afirmando que la medida se realizó conforme a la ley y que no se incluyeron directores, subdirectores, gerentes ni responsables regionales.

Sin embargo, la inclusión de ciertos nombres en la lista ha generado cuestionamientos. Entre ellos figura la subdirectora del Hospital Vilardebó, quien asumió ese cargo en diciembre de 2024 y previamente trabajó como adjunta en el Hospital Maciel. También se presupuestó a un fotógrafo responsable de la imagen oficial del presidente Luis Lacalle Pou en 2020, quien ingresó a ASSE en mayo de ese año para tareas de comunicación. Asimismo, se incluyó a un chofer del ex presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, que posteriormente fue designado asistente del vicepresidente de la institución.

Organizaciones como el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) han expresado su desacuerdo con estas designaciones. El SMU señaló que la medida carece de criterios claros, mientras que la FFSP denunció que se trató de una presupuestación “a medida” para beneficiar a trabajadores que ingresaron recientemente a ASSE y a cargos de gestión.

La polémica también abarca la presencia de figuras vinculadas a partidos políticos en la lista de presupuestados. Entre ellos, se encuentra una administrativa que lidera la juventud del Partido Nacional en Florida, así como dirigentes de Cabildo Abierto designados en marzo de 2021, cuando se criticó la creación de una estructura estatal que incorporó a 135 personas.

En Salto presupuestó “adjunto a Dirección”

Finalmente, se cuestionó la inclusión de un funcionario del Hospital Regional de Salto designado como “adjunto” a la dirección del centro. Aunque la lista fue aprobada únicamente por el oficialismo, los sectores críticos consideran que estas decisiones responden a intereses políticos más que a necesidades del sistema de salud.