La suba del petróleo, impulsada por la renovada tensión en Medio Oriente y los riesgos para el abastecimiento mundial, podría obligar a un aumento en el precio de los combustibles partir de agosto. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, reconoció que el Poder Ejecutivo realiza un seguimiento permanente de la evolución del mercado internacional y que la decisión final dependerá de varios factores, entre ellos la situación financiera de Ancap, el abastecimiento, las compras realizadas por el ente y la realidad de las zonas de frontera. Sus propias declaraciones evidencian que el panorama es mucho más complejo que hace apenas algunas semanas.

La situación internacional impulsa la suba del crudo 

La principal preocupación radica en el precio internacional del petróleo. El barril alcanzó su mayor cotización en un mes y los analistas ya manejan un escenario en el que podría estabilizarse entre los 85 y los 90 dólares. Si esa previsión se confirma, Uruguay difícilmente pueda permanecer ajeno a esa realidad, ya que importa la totalidad del petróleo que consume y cualquier aumento termina impactando sobre los costos internos. A ello se suma la incertidumbre geopolítica. El conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a tensionar uno de los puntos neurálgicos del comercio energético mundial: el estrecho de Ormuz. Por esa vía circula cerca de una quinta parte del petróleo que consume el planeta. Los ataques a buques petroleros y la reducción del tránsito marítimo generan nerviosismo en los mercados, elevan las primas de riesgo y presionan al alza las cotizaciones internacionales. En este contexto, el margen de maniobra del gobierno parece reducido. Si bien en meses anteriores optó por absorber parte del incremento internacional para evitar trasladarlo íntegramente al consumidor, esa estrategia tiene límites. 

Ancap también tiene sus problemas 

La petrolera estatal, también enfrenta restricciones financieras y no puede sostener las diferencias entre el costo real del combustible y el precio de venta sin afectar sus propios resultados económicos. Si se decide un aumento, todos sabemos que ello inmediatamente genera un efecto cascada en costos y precios en el transporte de mercaderías, en  costos logísticos, en la producción agropecuaria, en la industria y, finalmente, en el precio de numerosos bienes y servicios. Es decir, termina ejerciendo presión sobre la inflación y reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos. A todo lo señalado, se suma que Uruguay posee los combustibles más caros de América Latina, situación que afecta especialmente a los departamentos fronterizos, donde la diferencia de precios con Brasil o Argentina continúa favoreciendo el consumo fuera del país y perjudicando al comercio local.

¿No hay o no se quiere anunciar aún el aumento?

El gobierno insiste en que todavía no existe una decisión tomada y que los equipos técnicos continuarán evaluando la evolución del mercado durante los próximos días. Esa prudencia es razonable. Sin embargo, también es cierto que los indicadores internacionales no muestran señales alentadoras. Si el petróleo continúa escalando y la situación en Medio Oriente no se soluciona y se transita a la normalidad, agosto podría comenzar con un nuevo ajuste en los surtidores. Más allá de la decisión que finalmente adopte el Poder Ejecutivo, la realidad vuelve a demostrar que la economía uruguaya sigue siendo altamente vulnerable a los acontecimientos internacionales. Mientras el país dependa totalmente del petróleo importado, cada crisis geopolítica, cada conflicto bélico y cada sobresalto en los mercados energéticos terminarán repercutiendo directamente sobre el bolsillo de todos los uruguayos.