El impuesto al valor agregado (IVA) es uno de los pilares de la recaudación tributaria en Uruguay y en muchos países. Sin embargo, su aplicación ha generado debates sobre su impacto en la equidad económica. La reciente propuesta de un "IVA personalizado" ha sido cuestionada por expertos como Isaac Alfie, quien señaló sus posibles "efectos no deseados".  Uruguay recauda un 9% del PIB a través del IVA, superando ampliamente el promedio de América Latina (6,2%) y acercándose al nivel de los países de la OCDE. Si se suman otros impuestos específicos, la presión fiscal total es enorme, alcanzando el 12% del PIB. Sin embargo, esta carga no se distribuye equitativamente: el 30% de los hogares con mayores ingresos soporta casi la mitad del IVA y más del 55% de los impuestos específicos. A pesar de ello, los ingresos medios del 80% de los hogares uruguayos no permiten una mayor capacidad de contribución. De hecho, según los datos de 2023, sólo el 10% más rico tiene un margen para enfrentar impuestos adicionales sin comprometer su economía doméstica.

Un error común al analizar impuestos es enfocarse únicamente en su impacto estático, ignorando las consecuencias dinámicas. Alfie advierte que los impuestos tienden a trasladarse en la cadena económica, afectando de manera indirecta a quienes se encuentran en posiciones más vulnerables. Por ejemplo, impuestos como el IRPF terminan siendo absorbidos, en parte, por trabajadores de menor calificación o experiencia, como ocurrió en Uruguay tras su implementación en 2007. Además, una carga fiscal excesiva puede desincentivar la inversión y la producción, reduciendo la oferta de bienes y servicios hasta que los precios se ajusten para restablecer la rentabilidad. Este círculo vicioso puede frenar el crecimiento económico, socavando cualquier intención redistributiva de los impuestos.

La propuesta del IVA personalizado plantea aplicar diferentes tasas de IVA según los niveles de ingreso de los consumidores. En teoría, esto permitiría aliviar la carga sobre los hogares de menores recursos. Sin embargo, Alfie argumenta que esta medida podría generar resultados opuestos a los esperados, ya que generaría: complejidad administrativa, evasión fiscal y distorsiones: Los consumidores de mayores ingresos podrían buscar formas de eludir el impuesto personalizado, reduciendo la efectividad de la medida.

Competencia fiscal internacional: Las personas y empresas con mayores ingresos podrían optar por trasladarse a jurisdicciones con menores impuestos, erosionando la base tributaria del país. Pensar que los impuestos son una solución mágica para lograr equidad ignora la complejidad del sistema económico. Si bien son necesarios para financiar el gasto público, su capacidad redistributiva a largo plazo es limitada.

Como concluye Alfie, no todos los instrumentos fiscales son adecuados para promover la equidad, y los impuestos suelen ser los menos efectivos en esta tarea. En lugar de apostar por un IVA personalizado, Uruguay debería replantear su sistema tributario de manera integral. Esto implica buscar mecanismos que no solo sean más equitativos, sino también más eficientes y sostenibles en el tiempo. La clave está en diseñar políticas que equilibren la necesidad de recaudar con el impacto dinámico que estas tienen sobre la economía y la sociedad. Solo así se podrá avanzar hacia una verdadera equidad fiscal sin comprometer el crecimiento económico.