La discusión por el fideicomiso de US$ 60 millones solicitado por el intendente Carlos Albisu no es solo una pulseada parlamentaria: es el reflejo más nítido del estado en que quedó el departamento tras diez años de una gestión que combinó endeudamiento creciente, obras postergadas y decisiones políticas orientadas más a proyectos personales de poder que a las necesidades reales de la población.