La Coalición Republicana (CR)  rechaza la iniciativa, por lo que Cabildo Abierto (CA) parece ser la carta clave para el oficialismo. Por tratarse de una iniciativa que "deshace" cambios establecidos en la reforma de la seguridad social aprobada durante la gestión anterior, la oposición coincide en oponerse al proyecto de retiro anticipado. 

El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, si bien oficialmente no han tomado una posición oficial, ya coordinaron reunirse la semana próxima para decidir una posición común, a partir del asesoramiento técnico de dos protagonistas de la reforma previsional: el exdirector de la OPP, Isaac Alfie, y el coordinador del nuevo sistema jubilatorio, Rodolfo Saldain.

Oposición considera que propuesta es demagógica

Para la oposición, la iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo —que recoge las conclusiones del Diálogo Social— se trata de una propuesta demagógica de poco efecto real  y sí de riesgos como el aumento de la informalidad ante la incompatibilidad del beneficios con la posibilidad de mantener una actividad formal; o la tensión fiscal de un sistema ya fuertemente presionado por la evolución demográfica.

En la Coalición Republicana,  se apunta a que la propuesta del gobierno va a contramano de lo que la mayoría de los países está haciendo. Es decir, mientras que la norma es aumentar la edad jubilatoria, en Uruguay se impulsa su disminución. Ante estos antecedentes, el rechazo en la coalición opositora es mayoritaria, por lo que el  Frente Amplio, como ya pasó, apunta a lograr los dos votos faltantes en Cabildo Abierto.

Cabildo Abierto: negocia una vez más

Por su parte, los diputados de Cabildo Abierto, están dispuesto a negociar sus vitales votos. La condición es que el FA  vote las limitaciones que  los cabildante proponen a lo que denominan “a la industria de las certificaciones médicas”. Tema que Cabildo planteó en el gobierno pasado y que es uno de los principales puntos a atacar en todo lo que tiene que ver con la reforma de la seguridad social y el déficit del Banco de Previsión Social (BPS). El argumento es poner freno a los  abuso de las certificaciones, por la falta de control médico, y el déficit que eso genera al BPS.