La detención de Nicolás Maduro tras la intervención de Estados Unidos marca un punto de inflexión en el mapa político regional y proyecta la consolidación de un nuevo orden hemisférico. En el plano interno estadounidense, la operación representa un triunfo político relevante para el presidente Donald Trump, aunque su alcance definitivo dependerá del éxito —todavía incierto— de una transición democrática en Venezuela, impulsada con la colaboración de sectores del propio aparato duro del chavismo.

Washington optó por una estrategia de alto riesgo: desarticular el régimen sin una invasión militar directa ni despliegue de tropas, alejándose de las intervenciones clásicas del siglo XX. Este enfoque desarma, según el análisis, las comparaciones con el colonialismo o la doctrina del “big stick”, ya que el contexto internacional, la naturaleza del conflicto y los métodos empleados son sustancialmente distintos. Sin embargo, el éxito de la maniobra es provisional y está atado a resultados concretos antes de las elecciones estadounidenses de noviembre: sin avances visibles, el actual triunfo podría revertirse.

La caída de Maduro no es un hecho aislado. Se inscribe en un giro más amplio de la región, que incluye el respaldo financiero del Tesoro estadounidense al gobierno argentino de Javier Milei en un momento crítico, reeditando la lógica del “palo y la zanahoria” como herramienta de influencia. El mensaje es claro: aún hay margen para elegir alineamientos.

Ese reordenamiento quedó expuesto en la reciente cumbre de la CELAC, donde un bloque de diez países impidió que prosperara un comunicado de repudio unánime al accionar estadounidense. La declaración final, impulsada por Brasil, evidenció tensiones ideológicas persistentes y una lectura anclada en marcos de la Guerra Fría que ya no reflejan plenamente la dinámica regional.

En este escenario, Uruguay —bajo el gobierno del Frente Amplio— optó por una postura de condena a Estados Unidos, invocando la violación del derecho internacional, mientras ensayó una neutralidad considerada ambigua. Esa posición es cuestionada en los hechos, al implicar la defensa de un régimen señalado como mafioso, impopular y sistemáticamente violador de los derechos humanos.

Así se concluye que la región, y Uruguay en particular, enfrenta una oportunidad decisiva para redefinir su política exterior. Persistir en alianzas con proyectos derrotados y autoritarios podría llevar a errores históricos y aislar al país de un nuevo equilibrio regional que ya está en marcha.