En un comunicado conjunto de las tras cámaras, señalaron que “de aprobarse, tendrá consecuencias muy negativas para la economía y el empleo”, lo que es ratificado por el hecho de que “referentes académicos, las fórmulas presidenciales de los distintos partidos, así como sus principales asesores, independientemente de su orientación política, coinciden en alertar sobre lo perjudicial que resultaría la aprobación de este plebiscito”.

Costo descomunal

Argumentan que cuando “la población envejece y la relación entre trabajadores y jubilados se vuelve cada vez más desbalanceada, la reforma planteada por el plebiscito es insostenible y peligrosa por el costo descomunal que impondría a la sociedad y que implicaría aumentar el IVA o los aportes patronales y personales a niveles insostenibles”. Son medidas que “pondrían en riesgo la estabilidad económica del país y afectarían la capacidad de gasto del Estado, recortando recursos en áreas como salud, educación y políticas sociales”.

PLEBISCITO CONFISCATORIO

Agregan que se trata de un plebiscito que “propone confiscar el ahorro previsional de los trabajadores, privándolos de sus recursos para la jubilación y la posibilidad de heredarlos”. Esa medida, además, “abre la puerta a juicios multimillonarios por parte de empresas y usuarios”.

PÉRDIDA DE LA CERTEZA JURÍDICA

Asimismo, “la eliminación de varios aspectos de las reformas anteriores y de las AFAPs, sin indemnización, dañaría la reputación internacional de Uruguay, poniendo en riesgo la certeza jurídica que el país ha mantenido y que es clave para atraer inversiones y generar empleo”.

OBJETIVOS QUE NO SE PODRÁN CUMPLIR

Denuncian la contradicción que significa aprobar un plebiscito que “no permitirá cumplir con su propio objetivo. Los efectos en la economía terminarán condicionando de tal manera el entorno económico, que los objetivos perseguidos por la reforma no se cumplirán”.