Estimado Director,

Soy vecina jubilada del centro y vi con sumo agrado la disposición del intendente de desalojar un 24 horas en la intersección de las calles Brasil y Amorin. Ver eso durante tantos años, avasallando un espacio público para provecho solo de uno, sin pagar las obligaciones que seguramente muchos otros comerciantes formales deben tener, era una situación insostenible.

Seguramente ese abuso, se dió como en tantos otros casos, como parte de la política del, por suerte ex, Intendente Andrés Lima, quien fuera uno de los mejores expositores del refrán mujiquezco, "lo político está por encima de lo jurídico". Por lo tanto, al ver actuar a los funcionarios municipales actuar con el apoyo policial lo sentí como una caricia a la seguridad jurídica y a la preservación del derecho.

Lamentablemente en este país circulan más o alcanzan mayor notoriedad las cosas malas, las artimañas, las estafas, que las muchas cosas buenas que realmente se hacen.

El Estado uruguayo es tan enorme como costoso. Los más de 24 mil millones de dólares anuales que consume para funcionar lo convierten en uno de los más caros de América en relación con su población y con su Producto Bruto Interno. Sostener esa estructura implica una presión fiscal elevada y permanente sobre empresas, trabajadores y jubilados. Pero ese es solo el punto de partida. El proceso de elección de sus administradores en el Primer Nivel de Gobierno —Poder Ejecutivo y Poder Legislativo— también tiene su propio costo operativo, y no es menor.

En cada elección nacional se designan 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 30 senadores y 99 diputados. En total, 131 cargos electivos. Si se distribuye el gasto total del proceso electoral entre esos 131 políticos electos, el costo por cada uno asciende a casi 300.000 dólares, es decir, alrededor de 12.000.000 de pesos al tipo de cambio actual. En este análisis no estamos tomando en cuenta el segundo nivel de gobierno que son los intendentes departamentales, ni el tercer nivel que son los Alcaldes de municipios, que también representan un peso considerable para el bolsillo de los contribuyentes uruguayos. Ya con solo ver el costo del primer nivel nos da una idea de la realidad descabellada.

La prolongación del conflicto en Conaprole por más de diez meses ha dejado de ser un diferendo sectorial para convertirse en un problema estructural que compromete a toda la cadena láctea y, por extensión, a una parte relevante del aparato productivo nacional. Cuando una cooperativa del porte de Conaprole fija límites y exige “paz laboral absoluta” como condición para aceptar una fórmula de acercamiento, no está planteando un capricho: está señalando que su paciencia institucional y económica tiene un límite.

Venimos analizando el tema de la relación médico/paciente que en realidad abarca mucho más pues se apoya en la relación del usuario con todo el sistema de salud.

Se han visto casos muy complejos de violencia hacia el personal de la salud que son lamentables. También se da que muchas veces no hay tratos esperables de parte de los galenos, hay que decirlo, a veces por saturación, a veces por estrés, a veces porque el paciente hace de las suyas. Hoy tenemos el avance del fenómeno de Internet que hace que todo el mundo se crea que tiene toda la información. Imaginemos por ejemplo a un médico que cuando va a explicar algo el paciente con el celular en la mano se cree que las sabe todas. Y el otro estudió una década o más y se sigue actualizando. Hay que entender esto también, hoy todos tenemos acceso al conocimiento, pero si fuera tan sencillo la gente no iría más al Hospital o la mutualista. Por algo confiamos en los que saben, esa es la base del trato, el pacto ético de entregar el cuerpo, la información y la credibilidad a la persona formada, sea médico, licenciado, químico, oculista o dentista. Si tanto sabemos nos solucionamos nosotros los problemas.