En primer lugar, digamos que el escenario actual de la intendencia de Salto es de un exceso de funcionarios intolerable. Estamos hablando del entorno de los 2.000 que a todos los efectos, son presupuestados, designaciones directas, monotributistas, cooperativas de trabajo. Notoriamente un exabrupto desde todo punto de vista y además como fue evidente durante los dos períodos de la Dinastía Lima los ingresos fuern de carácter netamente político: militantes, dirigentes sectoriales, blancos y colorados comprados al mejor postor, mercenarios que formaron la tropa de punteros del intendente o simplemente mano de obra barata de la estructura política oficialista. Es decir, fueron muchos los nombrados a dedo por el intendente Lima. Muchos de los cuales se sabía que se trataba de una "beca" de trabajo que duraba el tiempo de permanencia del intendente en el poder.

Hay una desidia importante que se está dando entre vecinos, autoridades y gente que no es de la zona pero igual complica.

La declaración pública de la Cámara de la Industria de la Pesca marca un antes y un después en un conflicto que, lejos de ser un simple diferendo laboral, se convirtió en un verdadero atentado contra la producción, el empleo y la seguridad jurídica del Uruguay. Lo que el sector empresarial denuncia no es menor: casi 90 días de paro irracional, injustificado y devastador, que violó convenios colectivos vigentes, inventó reclamos sobre condiciones laborales y dejó pérdidas millonarias para el país. En ese lapso se dilapidó una zafra entera, con consecuencias irreversibles.

La noticia llegó este viernes que pasó, y con ella un sabor amargo que aún no se va. Casi 300 funcionarios de la Intendencia de Salto fueron notificados de que no podrán mantener su estabilidad laboral. Lo primero que pensé fue: qué triste panorama. Pero lo que más me dolió quizás no fue tanto el hecho en sí, o mejor dicho, no solamente el hecho en sí, sino ver a quienes celebraban la desgracia ajena. Escuché y leí palabras como “justicia”, “venganza”, hasta “revancha”. Y entonces confirmé, una vez más, lo miserable que puede llegar a ser el alma humana cuando el odio se disfraza de triunfo. Quiero ser claro: no busco la objetividad fría. La objetividad me diría que estos funcionarios ingresaron de manera irregular y que, por tanto, lo que corresponde es el cese. Pero yo no quiero ser objetivo. Quiero ser justo. Y ser justo significa reconocer que lo que hoy está en juego no son expedientes ni decretos, ni reglamentaciones o leyes, sino familias enteras que quedan a la deriva.