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“No puede ser que temas como el de Cardama tapen o escondan la epidemia de asesinatos que tenemos hoy. Si en algún momento se habló de educación, educación y educación; hoy sin duda es: seguridad, seguridad, seguridad. Estamos a razón de un muerto por día asesinado solamente en febrero...". 

Lo dijo el 25.02.2026

Uruguay transita una transformación silenciosa pero implacable: cada año nacen menos niños, cada año vivimos más tiempo y cada año se achica el contingente de trabajadores que sostiene al conjunto. La pirámide poblacional se invierte y, con ella, el equilibrio sobre el que descansó durante décadas el llamado “Estado de bienestar”. Lo que alguna vez fue una promesa de protección universal comienza a tensionarse frente a una realidad demográfica que no admite consignas.

Con razón criticamos los monopolios públicos cuando generan ineficiencia y trasladan costos al ciudadano. Pero sería incompleto el análisis si no señalamos otra forma de distorsión igualmente dañina: los monopolios privados de hecho, los mercados asegurados por vínculos de poder y las prácticas predatorias que prosperan cuando el Estado omite su deber de neutralidad o interviene de modo funcional a determinados intereses.

Hace tiempo,  planteábamos una realidad que todos conocemos. El comercio de barrio trabaja con un margen. Compra a determinado precio y le agrega un porcentaje para cubrir gastos, pagar impuestos, sostener empleados y, por supuesto, obtener una ganancia. Así ha funcionado durante décadas. No es ningún secreto. Es la forma en que sobrevive el almacén de la esquina, la carnicería del barrio, el "boliche" familiar.

En los últimos meses comenzaron a instalarse en distintos puntos de la ciudad comercios de mayor porte que venden directamente al público a precios muy bajos. Compran en grandes cantidades, negocian volúmenes que un comerciante chico no puede ni imaginar y, gracias a eso, ofrecen valores que impactan fuerte en el mercado.

Viene dando mucho que hablar el tema de las (alrededor de 12.000) motos incautadas, las que se siguen incautando cada día en cada operativo, las promesas que en su momento se oyeron de devolución, etc. Hace pocos días, La Prensa incluyó una detallada carta de un lector (G.Llobet) sobre el tema, en la que este hombre proponía establecer un límite de tiempo determinado para que en él (como en una especie de “amnistía”) se bajaran (por única vez, como algo excepcional) los costos de los trámites para regularización de libreta de conducir, carnet de salud, etc. No sabemos en qué quedará el tema, lo que sí sabemos es que al menos un par de ediles tomaron el asunto y planifican plantearlo a modo de proyecto-propuesta en la Junta Departamental.

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