En Uruguay, hay una injusticia que se repite gobierno tras gobierno, sin importar el color político ni los discursos de campaña: la postergación sistemática de jubilados y pensionistas. Esta vez, la semana pasada, nuevamente se nos anunció con entusiasmo un “aumento” que, si se observa con lupa, hasta roza lo insultante. Desde hace muchos, pero muchos años, digo que nuestros jubilados son los grandes estafados del país, y los hechos lamentablemente siempre lo terminan confirmando.

Hay gobiernos que enfrentan desafíos complejos con determinación y otros que se especializan en convertir lo sencillo en un laberinto. Uruguay, en los últimos meses, parece estar atrapado en este segundo caso. Con una capacidad casi admirable para desandar lo avanzado, contradecirse sin rubor y generar conflictos donde no los había, el gobierno transita un camino marcado por decisiones erráticas y retrocesos que minan la confianza ciudadana.

El caso del proyecto Arazatí es simbólico. Una solución para diversificar el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana, que contaba con estudios, planificación y hasta cronograma de ejecución, fue desmontada de golpe. Volvemos al punto de partida: nuevas conversaciones, rediseños y ninguna certeza. Si una sequía como la de 2023 vuelve, el drama será el mismo. 

La oportunidad de avanzar se dejó pasar, y el precio lo pagará la gente.

En el ámbito productivo, la reciente decisión de prohibir la exportación de ganado en pie generó un cruce público entre dos ministros. En vez de explicaciones técnicas, hubo desacuerdos expuestos sin filtros. Lo que debería ser una política clara y coordinada terminó en una pulseada política.

A esto se suma el bochorno de los pasaportes sin lugar de nacimiento. Los argumentos oficiales son pueriles y el daño a los ciudadanos, real. En lugar de corregir de inmediato, se optó por dejar que los afectados continúen con un documento limitado, con la promesa difusa de negociaciones internacionales que no llevarán a nada. Una burocracia sádica, que niega el sentido común.

El “diálogo social” por la seguridad social es otro ejemplo. Se pretende deslegitimar una ley ratificada por el voto popular hace menos de un año. 

Ignorar ese pronunciamiento soberano y reemplazarlo por una mesa desbalanceada y corporativa, es desconocer la voluntad ciudadana y degradar las reglas democráticas.

No menos preocupante es la marcha atrás con el decreto que otorgaba reconocimiento a universidades privadas. Instituciones consolidadas, con décadas de trayectoria y prestigio académico, son ahora puestas en duda por decisiones políticas que rayan lo ideológico. En vez de fortalecer un sistema educativo diverso y de calidad, se opta por debilitarlo con normas restrictivas que no suman.

Todas estas señales dibujan un país que se autosabotea. Un gobierno que parece más preocupado por no dar la razón al otro que por avanzar en soluciones. Que se atrapa en sus propias contradicciones, retrocede en vez de corregir, y pierde de vista lo esencial: gobernar para la gente, con claridad y responsabilidad.

La sensación de deriva es creciente. Y no se trata solo de errores. Se trata de una falta de rumbo, de sentido de urgencia, de prioridades claras. Uruguay necesita decisiones firmes, coherentes y transparentes. No más enredos, no más retrocesos. Porque en el mundo actual, quien se detiene —o peor aún, camina en círculos— termina quedando irremediablemente atrás.

Tuvimos oportunidad de dialogar ayer con vecinos de la zona del Hipódromo. Siguen muy preocupados por la situación del vertedero municipal. Nos decían que "dos por tres se vuelve a prender fuego" y el humo y los malos olores son intolerables. Recordemos que ya pasó que incluso alguna familia (como los de Souza), harta de la situación, vendiera sus tierras y se fuera de ese lugar, después de haber vivido allí toda una vida.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior anunciaron finalmente lo que la realidad, el sentido común y miles de ciudadanos reclamaban a gritos: la suspensión de la nueva versión del pasaporte uruguayo, implementada en abril, que omitía un dato básico y elemental como el lugar de nacimiento del titular. Esta decisión tardía y forzada por la presión internacional no es otra cosa que la confirmación de un grave error político y de gestión, ideado y defendido hasta el absurdo por el canciller Mario Lubetkin, hoy en el centro de la crítica pública por su terquedad y silencio.

El salteño que tenía contacto directo con la gente de Conexión Ganadera dice que en una oportunidad pudo acceder a uno de los escritorios que los de este fondo usaban para su trabajo y uno de los responsables le mostró un escritorio lleno de carpetas. Esas carpetas, prolijamente apiladas, llamaban la atención entre tanto papelerío. Fue allí que le dijo, "en esa pila son todas carpetas de un millón de dólares en adelante de inversión". Lo que lleva a las claras a entender que todo esto, hoy en manos de la Justicia y con los primeros pronunciamientos del caso, con prisión domiciliaria para la viuda y la esposa del restante socio principal y prisión preventiva por seis meses la espera del juicio del que queda de las cabezas visibles, nos lleva presuponer que estamos ante algo de nivel increíble en cuanto a dinero. También que en este país muchísima gente, más de lo que creemos, por buenas o malas artes, por trabajo, herencia o lo que sea, tiene un montón de dinero, pues nadie llega fácil al millón de dólares y lo invierte teniendo además que manejar una vida personal, social y económica que demanda dinero constante cada día.