En los últimos días se sumó una perla más a la ya lamentable y extendida costumbre de despilfarrar dineros públicos. Esta vez, el episodio tuvo como escenario a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, cuyo directorio resolvió, en una decisión tan cuestionable como ilegal, asignarse una partida mensual de 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) para cada uno de sus integrantes. Traducido a números concretos, unos 131.500 pesos uruguayos por cabeza, en cargos que la ley establece de manera expresa como honorarios.

En enero del año 2024 accedimos a un tour familiar para conocer La Habana y Varadero, Cuba. En el viaje rumbo a la única escala, el aeropuerto de Panamá, dialogamos con una señora que tendría alrededor de sesenta años que era venezolana, de Mérida.

Lunes en la nochecita, la Plaza Artigas lucía con muchísima gente. Simplemente salteños que decidieron ir a disfrutar la increíble baja temperatura que hacía, considerando que estamos en enero. El entorno también estaba muy movido: los quioscos, el hotel, la catedral, la casa diocesana…Pero volviendo a la plaza en sí, un veterano estaba preocupado porque según él -y se lo comentaba a un periodista de La Prensa- “la gente lo que menos hace es cuidar los canteros”.

Confieso que siempre me enorgulleció de haber cursado toda mi formación educativa en el ámbito público, desde jardinera hasta formación terciaria. No sabría decir con exactitud de dónde nace ese orgullo; sospecho que está ligado a una idea muy arraigada en nuestra identidad como país: la de una educación pública fuerte, universal y de calidad, históricamente concebida como uno de los grandes pilares del Estado uruguayo y como una poderosa herramienta de equidad social.