Mientras el país debate el tema de la eutanasia estimamos conveniente analizar cómo se ataca este tema tan difícil en el mundo.

La eutanasia es la intervención aceptada voluntariamente por el paciente y realizada por un profesional médico, que acelera la muerte de un paciente desahuciado, con la intención de evitar sufrimiento y dolor innecesario. La eutanasia, ampliamente definida, puede ser clasificada desde diversas formas.

Eutanasia voluntaria: La decisión la toma el paciente directamente o terceros obedeciendo los deseos que el paciente ha expresado con anterioridad. Eutanasia no voluntaria: La decisión la toma un tercero sin que haya habido posibilidades de conocer la determinación del enfermo. Eutanasia involuntaria: La decisión la toma un tercero sin pedir el consentimiento de un paciente capaz de expresar su elección o en contra de su voluntad. Eutanasia activa (o positiva): por acción (administración de sustancia letal p.e.). Eutanasia pasiva (o negativa): por omisión (abstención o retiro de terapias). Eutanasia directa: la acción u omisión intenta la muerte del paciente. Eutanasia indirecta: la acción u omisión no busca la muerte del paciente, pero se es consciente que ésta puede producirse como efecto secundario no deseado de dicha acción u omisión. El primer país en legalizar la eutanasia, junto con el suicidio asistido, fue Holanda, en 2001.

Actualmente, en el mundo los países que la permiten son otros cuatro: Bélgica, Colombia, Canadá, Luxemburgo y algunos estados de EE.UU.

En Suiza el panorama es distinto: la eutanasia no está permitida, pero sí el suicidio asistido que se produce cuando se facilitan los medios a la persona para que muera. El año 2001, cuando se aprobó la primera ley de eutanasia (Holanda), fue utilizada en 1.880 casos, cinco años más tarde se ampliaron las condiciones para poder aplicarla y en la actualidad ya ascienden casi a siete mil las personas que cada año son acompañadas a la muerte por el propio sistema de sanidad. Unos 20 casos diarios.

En Bélgica también se permite la eutanasia desde 2002. El acceso al «derecho a morir” se contempla para mayores de edad y menores emancipados y no necesariamente deben ser pacientes terminales. El médico está obligado a notificar los casos, pero el 47% no se informan. Bélgica es además el segundo país, después de Holanda, en despenalizar la eutanasia en menores de edad. En Canadá, la eutanasia es legal desde 2016, después de que el Tribunal Supremo reconociera el derecho a la muerte digna y voluntaria. En 2018 un 1,12% de las muertes fueron con asistencia médica para morir. la eutanasia se puede aplicar a los enfermos en fase terminal y sin posibilidad de tratamiento. La petición debe ser aprobada por un comité científico para el derecho a morir con dignidad. El Instituto Europeo de Bioética alertó en 2012 sobre los graves fallos en la aplicación de la ley de eutanasia en ese país, al pasar de realizarse bajo “estrictas condiciones a convertirse en un acto normal e incluso ordinario”.

En febrero de 2008, Luxemburgo se convirtió en el tercer país del mundo en despenalizar la eutanasia, aprobando la ley sobre el derecho a una muerte digna. Aspectos que menciona el proyecto de ley en Uruguay -la ley exonera de responsabilidad al médico que, bajo ciertas condiciones, ayuda a pacientes terminales e incurables a poner fin a su vida-.

Se requiere una segunda opinión médica independiente para confirmar la situación del paciente. El médico debe dialogar con el paciente para asegurarse de su voluntad libre y consciente, informando sobre opciones terapéuticas disponibles. Se deben realizar al menos dos entrevistas separadas por quince días para confirmar la voluntad del paciente. Las entrevistas deben ser documentadas por escrito o en registro audiovisual. El paciente debe declarar por escrito su voluntad ante dos testigos, ninguno de los cuales puede no debe beneficiarse económicamente de su muerte. La voluntad del paciente es siempre revocable, y cualquier procedimiento debe detenerse inmediatamente si así lo desea. El médico es responsable de asegurarse de que los medios proporcionados para terminar con la vida solo sean utilizados por el paciente sobre sí mismo. Después del fallecimiento del paciente, el médico debe informar a una comisión de bioética y proporcionar los antecedentes del proceso, y la comisión puede informar a la Fiscalía si encuentra irregularidades relevantes en el procedimiento.