La madrugada del pasado domingo en nuestra ciudad, estuvo marcada por una tragedia que deja una profunda reflexión: un agente policial de 40 años decidió quitarse la vida en el parque Harriague, utilizando su arma de reglamento. Este hecho no solo sacude a su familia, amigos y compañeros, sino que también expone una problemática persistente y urgente en la fuerza policial de nuestro país.

Este lamentable suceso es el primero registrado en 2025, pero, como muestran las cifras, no es un hecho aislado. En 2024, quince agentes de la policía nacional, tomaron la misma drástica decisión. La tasa de suicidios dentro de la institución alcanza los 38,2 por cada 100.000, un número alarmante que casi duplica la tasa de la población general, estimada en 21 por cada 100.000. 

¿Qué nos está diciendo esta estadística? Que algo anda mal, profundamente mal, en las condiciones de vida y trabajo de quienes tienen la responsabilidad de protegernos.

Alejandra Alves, representante del Sindicato de la Policía Nacional (SIPOLNA), calificó lo sucedido como un “triste desenlace” y apuntó hacia una serie de factores que contribuyen a este problema. La situación económica, las tensiones familiares, las condiciones laborales y el impacto físico de las tareas policiales son solo algunas de las causas señaladas. En particular, Alves mencionó el sistema que reduce el salario al 65% para aquellos que son asignados a áreas especiales por problemas de salud. Esta medida, que debería ser una solución, termina convirtiéndose en un castigo económico que agrava el malestar.

La recarga horaria y el desgaste emocional son también factores determinantes. Los funcionarios no solo enfrentan el riesgo constante inherente a su profesión, sino que además deben lidiar con jornadas extensas y con frecuencia impredecibles. La combinación de estos elementos crea un cóctel explosivo que afecta la salud mental de los efectivos.

A pesar de los reclamos realizados por SIPOLNA y su participación en espacios de salud mental como el área del PIT CNT, las respuestas del Ministerio del Interior han sido insuficientes. El silencio o la inacción de las autoridades son un agravante en una situación que ya es crítica. No se trata de un problema nuevo ni de uno menor: es una crisis que demanda atención prioritaria y un plan integral que contemple tanto la prevención como el tratamiento.

La alta incidencia de suicidios en la Policía no puede seguir siendo vista como un desafío exclusivo de los trabajadores o sus sindicatos. Es un problema que ataca las bases del sistema de seguridad y la salud mental en nuestra sociedad. Por lo tanto, entendemos que las soluciones, como se reclama, deben incluir:

Fortalecimiento de la salud mental: Ampliar los recursos destinados a programas de apoyo emocional y psicológico para los efectivos policiales. Servicios como la Línea Vida (0800 0767) deben ser promovidos y fortalecidos. Revisión de condiciones laborales: Reducir la recarga horaria, mejorar los sueldos y garantizar condiciones de trabajo más seguras y humanas. Cambios estructurales: Revisar el sistema de reasignación y reducción salarial para quienes atraviesan problemas de salud, transformándolo en un apoyo efectivo y no en una penalización. Sensibilización y capacitación: Fomentar la capacitación en salud mental, tanto para los funcionarios como para los mandos superiores, de manera que puedan identificar señales de alerta y actuar de manera proactiva.

Cada vez que un miembro de la Policía toma la trágica decisión de quitarse la vida, no solo pierde una familia, sino también una comunidad que confía en esa persona para su seguridad. Es urgente que la sociedad y el Estado reconozcan esta problemática como una prioridad. No podemos seguir permitiendo que quienes nos cuidan queden desprotegidos y olvidados.

Por ello, la tragedia del domingo debe ser un llamado de atención. Si no actuamos ahora, seguirá creciendo la lista de vidas truncadas, y con ella, la deuda que tenemos como sociedad hacia aquellos que dedican su vida a protegernos.