Hay decisiones que pueden ser equivocadas y convertirse en verdaderos disparates. Más cuando sus consecuencias superan sus beneficios. La insistencia con la represa de Casupá empieza a transitar ese camino. Nadie discute la necesidad de garantizar agua potable para la zona metropolitana. La seguridad hídrica debe ser una prioridad nacional. Pero una cosa es resolver ese problema y otra muy distinta aceptar que, para hacerlo, haya que sacrificar miles de hectáreas de monte nativo, tierras de excelente aptitud productiva y, además, desplazar a familias que durante generaciones han construido su vida trabajando en el campo.

Hay una señal particularmente preocupante que el Gobierno no debería ignorar: la propia CAF calificó el proyecto como de “alto riesgo social y ambiental” y reclamó medidas para evaluar sus impactos, conservar la biodiversidad, prevenir la contaminación y atender el reasentamiento de la población afectada.

No es una advertencia menor. Recordemos que el proyecto contempla una presa de 750 metros de longitud, 30 metros de altura y un embalse de más de 2.000 hectáreas. Su objetivo es asegurar reservas de agua durante períodos de sequía severa, con una proyección de seguridad hídrica hasta 2045. Pero detrás de esas cifras hay una realidad que muchas veces parece no considerarse en los despachos oficiales: el campo no está vacío.

Allí  existe un patrimonio ambiental que no puede medirse solamente en dólares ni compensarse con una indemnización. La afectación de más de 4.000 hectáreas de monte nativo debería ser motivo suficiente para exigir una revisión profunda del proyecto. Más, cuando también están en juego tierras de gran valor agrícola y ganadero.

Uruguay debe recordar algo elemental: buena parte de la riqueza nacional nace justamente del trabajo sostenido y sacrificado de la gente del campo. El país no produce en las oficinas, en los ministerios y los centros urbanos.

Desplazar a esas familias no puede ser considerado un daño colateral. Tampoco resulta aceptable que una obra de semejante impacto quede atrapada en las disputas políticas. Si hubo decisiones tomadas por gobiernos anteriores, deben ser evaluadas por sus méritos y no descartadas simplemente porque llevan otra firma. El agua no puede tener color partidario.

Si existe la sospecha de que Casupá responde también a una revancha política, el Gobierno tiene una oportunidad inmejorable para despejarla: detener el avance del proyecto y someterlo a una evaluación técnica verdaderamente independiente.

La propuesta debería ser concreta: comparar Casupá con todas las alternativas posibles para asegurar el abastecimiento metropolitano, evaluando, no solo el costo económico de cada opción, sino también su impacto ambiental, productivo y social. Y esa evaluación debe ser pública, transparente y con participación efectiva de vecinos, productores, especialistas y organizaciones ambientales.

Si después de ese análisis Casupá demuestra ser realmente la mejor alternativa, deberá explicarse y justificarse con argumentos sólidos. Pero si existen soluciones menos destructivas, no hay derecho a elegir la que implique mayor sacrificio simplemente porque ya está proyectada o porque políticamente resulta conveniente.

Uruguay necesita agua. Necesita seguridad hídrica. Pero también necesita sus montes, sus tierras productivas y a la gente que trabaja sobre ellas. El progreso no puede consistir en destruir aquello que pretendemos preservar para el futuro. Porque esta obra puede almacenar millones de litros y, al mismo tiempo, vaciar de familias, producción y naturaleza una parte irrecuperable del territorio nacional. Y eso no sería progreso. Sería hipotecar el futuro en nombre del presente.