Cada cambio de gobierno suele traer consigo una renovada batería de planes, diagnósticos y anuncios. Esta vez no es la excepción. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, ante un  planteo de diputada de la oposición, presentará mañana ante comisión legislativa su estrategia, que promete un abordaje integral de la situación de calle, con un giro conceptual: pasar del tradicional “Plan Invierno” a una lógica de atención durante todo el año, el llamado “Plan 365”. La iniciativa incorpora, además, la transformación de los refugios en dispositivos de 24 horas y una mirada más amplia que incluye vivienda, salud, trabajo y redes comunitarias.

Sin embargo, detrás del anuncio subyace una pregunta incómoda pero inevitable: ¿cuánto hay de nuevo en este plan y cuánto es continuidad —o reformulación— de políticas ya ensayadas en administraciones anteriores?

Desde la oposición, la diputada Fernanda Auersperg ha sido clara al señalar que varias de estas líneas de acción ya estaban en marcha durante el gobierno de Lacalle Pou. Y no se trata solo de una crítica política. En rigor, la extensión de la cobertura, la diversificación de dispositivos y el enfoque integral no son ideas novedosas en sí mismas. Forman parte de un consenso técnico que se ha ido consolidando, tanto en Uruguay como en otros países, a partir de la experiencia acumulada.

En ese sentido, el propio gobierno reconoce que su propuesta bebe de modelos internacionales. El llamado enfoque “escalera” y el modelo de “vivienda primero” han sido aplicados en distintas realidades, con resultados dispares. El primero, por su lógica progresiva, ha sido cuestionado por cronificar situaciones de dependencia institucional; el segundo, más ambicioso, enfrenta límites evidentes en países donde el acceso a la vivienda es restringido. Nuestro país, con sus particularidades estructurales, no escapa a esas tensiones.

De ahí que el Ejecutivo proponga una síntesis propia: el modelo de las “tres V” (vínculo, vivienda y vida). La idea de adaptar soluciones externas a la realidad nacional no solo es razonable, sino necesaria. Ningún país puede importar políticas sociales como si fueran recetas universales. Pero la construcción de un “modelo propio” exige algo más que un cambio de nomenclatura: requiere capacidad de ejecución, recursos sostenidos y, sobre todo, coherencia.

Y es justamente en este punto donde surgen las mayores dudas. Mientras se presentan planes y se discuten marcos conceptuales, el propio Ministerio de Desarrollo Social enfrenta conflictos con trabajadores por atrasos salariales de dos y hasta tres meses. La situación no es menor. Si quienes deben implementar las políticas están en condiciones de precariedad, la viabilidad de cualquier estrategia queda en entredicho.

La interrogante que plantean los trabajadores —“cómo se va a ejecutar”— es, en definitiva, la misma que debería hacerse toda la sociedad. Porque el problema de la situación de calle no admite respuestas declamativas ni tiempos políticos. Es una realidad que duele, que interpela y que se hace visible cada noche en las calles de nuestras ciudades.

Uruguay no parte de cero. Tiene experiencia acumulada, aprendizajes —incluso de errores— y una base institucional que, con todas sus limitaciones, ha logrado sostener políticas sociales en contextos complejos. Pero también arrastra una tendencia preocupante: la reiteración de planes que, aunque bien intencionados, no logran modificar sustancialmente la realidad que buscan atender.

Entre la continuidad y la innovación, entre la inspiración externa y la adaptación local, el desafío es claro. No se trata de presentar un nuevo plan, sino de evitar que este sea uno más en la larga lista de intentos que no alcanzaron. Porque mientras se discuten modelos y estrategias, hay uruguayos que siguen esperando algo más básico: una respuesta efectiva, concreta y urgente.