En los últimos días, Salto ha sido sacudida por episodios de violencia extrema que no solo resultan alarmantes, sino profundamente inadmisibles para una sociedad que históricamente se ha caracterizado por su convivencia pacífica. Hechos que hasta hace no mucho parecían ajenos, propios de grandes centros urbanos o de realidades que observábamos con distancia, hoy irrumpen con crudeza en nuestros barrios, en plena vía pública y a la vista de todos. Y lo hacen sembrando miedo, indignación y una sensación de desamparo que no puede ni debe ser tolerada.

Hablamos, concretamente, de los ataques con “bombas molotov”, en el marco de lo que todo indica es una disputa territorial entre quienes manejan bocas de venta de estupefacientes. Hablamos también de enfrentamientos violentos a plena luz del día, pasada las cuatro de la tarde, a escasas cuadras de una seccional policial, frente a vecinos, comercios y transeúntes, con escenas que quedaron registradas en cámaras de seguridad y teléfonos celulares. Nada de esto es rumor ni exageración: son hechos reales, verificables y profundamente preocupantes.

Estos episodios se concentraron en barrios del extremo Este de la ciudad —La Amarilla, Caballero y el barrio de Inundados, en las inmediaciones de los barrios Artigas, Uruguay y Nuevo Uruguay— zonas habitadas mayoritariamente por gente humilde, trabajadora, que nada tiene que ver con estas disputas criminales y que hoy ve amenazada su tranquilidad, su patrimonio y, lo que es más grave, su vida.

Lo que resulta tan grave como los hechos en sí es el silencio posterior. Infructuosamente se aguardó una comunicación oficial desde la Jefatura de Policía que informara, explicara o al menos reconociera lo sucedido. Nada. Como si mirar para otro lado pudiera hacer desaparecer una realidad que está allí, golpeando la puerta de los vecinos y alterando la vida cotidiana de barrios enteros.

La pregunta es inevitable y legítima: ¿dónde está la Policía? Porque estas situaciones no se resuelven con declaraciones tibias ni con la negación de los hechos. Se enfrentan con presencia, inteligencia, investigación y acción concreta. Es responsabilidad directa del Ministerio del Interior conocer lo que está ocurriendo en Salto y disponer las medidas necesarias para frenar esta escalada antes de que sea tarde.

No se puede minimizar lo que está pasando. No se puede pensar que porque ocurre en barrios alejados del centro el problema es menor o ajeno. La experiencia demuestra que cuando la violencia no se enfrenta a tiempo, se expande. Hoy son molotovs y peleas a plena tarde; mañana puede ser algo mucho peor. Naturalizar estos hechos es abrirle la puerta a un deterioro social que nadie quiere.

La Policía conoce el territorio. Tiene herramientas, información y experiencia para identificar bocas de droga, actores violentos y dinámicas delictivas. Existen la Dirección de Investigaciones, grupos de choque y una base de la Guardia Republicana. Recursos hay. Lo que parece faltar es decisión, presencia y una estrategia clara que haga sentir que el Estado está donde debe estar.

Salto es una ciudad turística, universitaria y productiva, con fuerte impronta agropecuaria, hortícola y frutícola. Todo eso exige seguridad real y tranquilidad cotidiana. No se puede construir futuro en medio del miedo. No se puede atraer inversiones, estudiantes ni visitantes si la violencia comienza a marcar territorio.

Por eso, este reclamo es firme y público. Quienes tienen responsabilidades deben asumirlas. Y si no lo hacen, es deber del Ministerio del Interior intervenir, corregir y cambiar lo que sea necesario. Salto merece ser cuidado. Su gente merece vivir sin temor. Y frente a estos hechos, y a la aparente ausencia de respuesta, levantar la voz no es una opción: es una obligación.