El clima político de las últimas horas dejó a la vista un fenómeno tan viejo como dañino para la institucionalidad: la presencia de operadores oficiosos —o “monjes grises”— que, amparados en el poder sin responsabilidades formales, pretenden orientar decisiones de Estado a través del ruido, la intriga y la manipulación. El senador Javier García lo definió con una contundencia que hoy parece profética: en todo gobierno sin liderazgo claro, siempre aparece un “Rasputín”. Esta vez, sin embargo, el personaje quedó expuesto. Sus maniobras fallaron, sus relatos se derrumbaron y su influencia, al menos por ahora, quedó en evidencia y cuestionada.

El primer episodio, generó la interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. Allí, en un momento clave, reconoció que la decisión anunciada con bombos y platillos por el gobierno — la rescisión del contrato con el astillero Cardama, tras la detección de una garantía al parecer falsificada— no estaba realmente tomada. Su afirmación textual: “al día de hoy no está decidida”, dejó mal parados al presidente Yamandú Orsi, al secretario de Presidencia Alejandro “Pacha” Sánchez y al prosecretario Jorge Díaz, quienes habían presentado la decisión como un acto de firmeza gubernamental y defensa del interés nacional.

La ministra, aferrada a la tesis de una garantía sospechosa, insistió en que el gobierno actuó correctamente. Sin embargo, tanto García como Pedro Bordaberry señalaron un aspecto jurídico fundamental: aun si la garantía fuera inválida, se trata de un contrato accesorio. Su nulidad no autoriza automáticamente a tumbar el contrato principal. El país, si no prueba que Cardama participó en una maniobra fraudulenta, podría quedar expuesto a litigios y condenas internacionales. La prudencia, ausente en el relato oficial, era una obligación jurídica. Y no lo fue.

El segundo episodio fue aún más ilustrativo. De forma llamativamente oportuna, estalló la denuncia por presunta violación del artículo 124 de la Constitución, por el senador colorado Andrés Ojeda. La información surgió, casi en formato de primicia celebratoria, en boca del periodista Eduardo Preve, señalado por muchos como vocero del “Rasputín” de turno. La noticia fue recibida con entusiasmo por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que de inmediato convocó al constitucionalista José Korzeniak, quien afirmó que Ojeda “podría” ser destituido.

La operación parecía estar en marcha… hasta que intervino otro constitucionalista, Rubén Correa Fleitas, quien desmontó la lectura alarmista. Luego, la propia Comisión Administrativa del Poder Legislativo emitió un informe favorable al senador Ojeda, cerrando el asunto y dejando en evidencia que la supuesta gravedad del caso no tenía sustento. El escándalo se desinfló tan rápido como se infló.

Y entonces ocurrió lo previsible: el “Rasputín” y su entorno se replegaron en silencio. Tras bambalinas, esperan la próxima oportunidad para instalar un relato conveniente, intentando reparar una imagen de gobierno desgastada por errores propios y movimientos imprudentes. Pero el daño ya está hecho. La ciudadanía observó un manejo torpe, precipitado, que puso en riesgo la credibilidad del país y expuso a las instituciones a tensiones innecesarias.

Cuando la política se deja contaminar por operadores que confunden estrategia con malicia, y comunicación con intriga, la consecuencia es siempre la misma: se pierde seriedad, confianza y autoridad. 

Uruguay merece algo mejor. Y el gobierno, si aspira a recuperar liderazgo, debería empezar por poner límites claros a quienes confunden el poder con la manipulación y el Estado con un tablero personal de maniobras fallidas.