Uruguay fue pionero en el mundo cuando, en 2013, decidió regular la producción, distribución y consumo de cannabis. El sistema —controlado por el Estado, con venta en farmacias y obligación de registro previo— buscó reducir el mercado ilegal, garantizar la calidad del producto y apostar a un enfoque sanitario. Diez años después, y lejos de haber logrado lo propuesto, la industria cannábica enfrentando dificultades económicas, resurge una propuesta que genera debate: habilitar la venta de marihuana al turismo en la inminente temporada de verano.

Desde algunas esferas vinculadas al negocio —particularmente aquellas empresas que producen cannabis no psicoactivo (CBD) orientado exclusivamente a la exportación— se ha instalado la idea de que el turismo cannábico podría ser un salvavidas económico. Argumentan que el país ya tiene un marco regulatorio sólido y que permitir el acceso a los visitantes ayudaría a dinamizar una industria estancada, encarecida por procesos burocráticos y altos costos de producción. No es menor que la propia normativa actual impida la comercialización interna de flores de CBD, limitando a los productores a exportar o vender derivados como aceites, cuya rentabilidad es menor.

En este contexto, la habilitación al turismo se presenta como una oportunidad de reactivación. Sectores económicos sostienen que, al igual que sucedió en Holanda, podría aumentar la llegada de visitantes no solo a balnearios costeros, sino también a destinos alternativos como la región termal o el turismo rural. 

Sin embargo, lo que parece una solución rápida encierra riesgos enormes. La principal dificultad es estructural: el sistema uruguayo fue diseñado para un consumo controlado, registrado y limitado a residentes. Abrirlo al turismo implicaría, necesariamente, flexibilizar los mecanismos de control. Una venta más libre y abierta, podría generar una zona gris peligrosa, donde el Estado perdería la trazabilidad que hoy garantiza la calidad y el destino del producto.

Además, la experiencia reciente de la industria demuestra que el problema no es solo de demanda. Según informó Bloomberg, importantes empresas, cerraron y desde 2018 las exportaciones totales de cannabis uruguayo no superaron los 30 millones de dólares. Una señal clara de que la actividad atraviesa dificultades más profundas que la simple falta de compradores.

El otro costado, quizás el más delicado, es el impacto en la seguridad pública. Uruguay vive tiempos alarmantes, con un aumento sostenido de homicidios vinculados a disputas criminales, presencia de sicarios y una violencia que no conoce pausas. En ese clima, cualquier medida que pueda expandir el mercado ilegal —o generar incentivos para que bandas disputen territorios con mayor intensidad— debe evaluarse con extrema prudencia. La habilitación a turistas, si no se instrumenta con controles férreos, podría fomentar la venta informal, atraer a organizaciones criminales y terminar alimentando justamente lo que se busca combatir.

Se debe advertir que Uruguay no puede permitirse improvisar en un tema tan sensible. Si el país desea explorar esta vía, debe hacerlo con un marco regulatorio completamente nuevo, estrictamente diseñado para visitantes, con zonas delimitadas de consumo, protocolos sanitarios, control policial específico y mecanismos de comercialización absolutamente transparentes.

No hay duda,  que al liberalizar el cosumo de la marihuana y luego con la  llegada de la cocaina, se confirmó que la droga se expande, no se limita a lo que desea y quiere controlar el Estado. No está en juego una temporada turística. Algo mucho más importante, como es la convivencia, la salud y la seguridad de todos. Por eso, no es una decisión fácil.