La Mesa Política del Frente Amplio (FA) analizó dos informes jurídicos sobre la situación del senador colorado Andrés Ojeda, quien a fines de octubre pidió, como abogado, el reexamen de una causa ante la Fiscalía. El punto en discusión es si violó el artículo 124 de la Constitución, que prohíbe a los legisladores tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración, incluidos los servicios descentralizados, como es la Fiscalía desde 2015. La sanción prevista es la pérdida inmediata de la banca.

Uno de los informes fue elaborado por el constitucionalista José Korzeniak, quien concluye que Ojeda debería perder su escaño; además, sugiere que la Cámara de Senadores puede disponerlo por mayoría simple, mediante una resolución administrativa. El otro informe fue redactado por el constitucionalista Luis Fleitas. 

La Mesa Política del FA, resolvió analizar el tema junto con la bancada de senadores frenteamplistas, que también solicitó sus propios informes jurídicos, y consultar la posición del resto de los partidos. Pereira remarcó que se trata de un asunto “delicado”, que exige decisiones “responsables” y ajustadas a la Constitución. Por eso, insistió en que el FA no se va a “precipitar” y que buscará una salida que combine el cumplimiento estricto de las normas con la tradición republicana que la fuerza política dice defender.

Cuestionamiento del abogado y ex diputado Ope Pasquet

En tanto, el abogado y ex diputado colorado Ope Pasquet cuestionó el informe de José Korzeniak y afirmó que la tesis del constitucionalista es “un disparate” y “peligrosa para la salud democrática”. En un posteo en sus redes sociales, Pasquet indicó que el artículo 124 no especifica qué órgano debe actuar y discrepó con la idea de que el Senado pueda declarar por mayoría simple la pérdida de la banca de un legislador.

Pasquet también rechazó que no sea necesario aplicar el artículo 115, que exige dos tercios para corregir o suspender a un parlamentario. Según advirtió, aceptar la tesis de Korzeniak habilitaría que una mayoría circunstancial expulsara a sus adversarios políticos. El ex legislador sostuvo que la Suprema Corte de Justicia debería ser la encargada de decidir si hubo violación constitucional y afirmó: “Que sean los jueces, y no los políticos, los que determinen si un dirigente debe perder su cargo. El Poder Judicial es el guardián de la Constitución y la mayor garantía de los derechos de todos”.