En un escenario político frecuentemente tensionado por intereses diversos y prioridades contrapuestas, el acuerdo alcanzado entre el Congreso de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con la activa participación del presidente de la República, Yamandú Orsi, es una señal positiva que merece destacarse. No solo por el contenido del entendimiento —que define los criterios de transferencias desde el Ejecutivo hacia los gobiernos departamentales—, sino también por el talante con el que se logró: diálogo, negociación y compromiso.

Durante semanas, las discrepancias entre la OPP y los intendentes habían generado incertidumbre. El principal nudo giraba en torno a los montos de las transferencias, un tema sensible para la ejecución de políticas locales y para la autonomía de los gobiernos departamentales. Sin embargo, la intervención directa de Orsi y el liderazgo del presidente del Congreso de Intendentes, el sanducero Nicolás Olivera, permitieron descomprimir el conflicto y sellar un acuerdo que, más allá de sus cifras, envía una señal institucional potente.

El entendimiento incluye la creación de un Fondo de Desarrollo de 80 millones de dólares, del cual el 45% será destinado específicamente a los departamentos del interior, excluyendo a Montevideo y Canelones. Esta decisión no es menor: responde a un reclamo histórico de mayor equidad territorial y a la necesidad de impulsar el desarrollo en zonas que, con frecuencia, quedan relegadas frente a los grandes centros urbanos. En ese sentido, el acuerdo no solo distribuye recursos: corrige asimetrías.

La actitud de diálogo mostrada por el presidente Orsi merece un reconocimiento especial. Su presencia en la sede del Congreso de Intendentes no fue un gesto protocolar, sino una muestra concreta de que el relacionamiento entre los distintos niveles de gobierno puede y debe ser fluido, constructivo. “Cuando hay interés común, cada uno pone un poco”, resumió con claridad el mandatario, marcando una forma de hacer política que apuesta a la cooperación en lugar de la confrontación.

El entendimiento también fue bien recibido por intendentes de todos los partidos, lo cual refuerza su valor institucional. En tiempos en que la fragmentación política puede derivar fácilmente en bloqueos o demoras, que una decisión de esta magnitud cuente con respaldo transversal es una buena noticia. La gobernabilidad se construye no solo desde el Ejecutivo, sino también desde los consensos interpartidarios y la madurez política.

Además del alivio inmediato que implica para las finanzas de los gobiernos departamentales —que ahora podrán proyectar obras y servicios con mayor certeza—, el acuerdo deja instalada una lógica que puede dar frutos más adelante: la del trabajo conjunto entre técnicos de la OPP e intendencias, y la voluntad de seguir construyendo una relación de confianza mutua. El simbolismo de la invitación presidencial a compartir un asado en Anchorena no es trivial: cuando hay voluntad política, también hay lugar para los gestos de cercanía.

Queda claro que no todo está resuelto. El desafío de la descentralización sigue siendo complejo y muchas veces choca con estructuras que favorecen el centralismo. Pero este acuerdo demuestra que es posible avanzar, siempre que haya voluntad política, respeto institucional y apertura al diálogo.

Por ahora, lo logrado es un paso firme en la dirección correcta. Fortalece la descentralización, reafirma la cooperación intergubernamental y da una señal de estabilidad en un momento clave para la planificación presupuestal del país. En un contexto donde las buenas noticias escasean, este acuerdo permite —al menos por hoy— mirar el sistema político con algo más de confianza.