Desde 1985 hasta hoy pasaron 41 años. Cambiaron los gobiernos, cambiaron los partidos y cambió la tecnología. Pero Salto sigue esperando una verdadera apuesta por la seguridad. Hay una pregunta que,  deberíamos hacerla todos los salteños ¿por qué desde la recuperación democrática, en 1985, hasta el año 2026, Salto llegó solamente a unas 350 cámaras de seguridad del Ministerio del Interior?

No estoy diciendo que las cámaras solucionen el delito. No tengo los números para afirmar cuánto ayudan a prevenir una rapiña, un homicidio, un hurto o una agresión.

Pero una cosa es segura: hoy las cámaras son una herramienta más para investigar, prevenir y responder frente al delito. Y si hablamos de herramientas, tenemos que hablar también de prioridades. Desde 1985 hasta 2026 pasaron 41 años. Gobernaron diferentes partidos políticos. Hubo gobiernos nacionales de distintos signos y también diferentes administraciones departamentales. Y durante todo ese tiempo, Salto llegó a tener aproximadamente 350 cámaras de seguridad del Ministerio del Interior.

¿Es mucho? ¿Es poco? Depende de cómo se mire. Pero si además tenemos en cuenta que muchas de esas cámaras quedaron tecnológicamente atrasadas frente a lo que hoy existe, la pregunta se vuelve todavía más fuerte: ¿realmente se hizo todo lo que se podía hacer para darle a Salto herramientas modernas de seguridad?

Esta semana el intendente anunció algo que puede cambiar esa realidad. La Intendencia de Salto proyecta instalar 500 cámaras de seguridad, en forma progresiva, comenzando con unas 250, utilizando tecnología de punta y poniendo ese sistema a disposición de la seguridad de los salteños. Y acá hay que reconocer algo, si la Intendencia cumple con lo anunciado, estaremos frente a una inversión tecnológica que puede significar un antes y un después. No porque las cámaras vayan a terminar con el delito. Eso sería venderle una ilusión a la gente. Las cámaras no reemplazan a la Policía. No reemplazan fiscales, jueces, patrulleros, investigadores ni políticas sociales.

Pero pueden ayudar. Pueden aportar imágenes. Pueden permitir reconstruir un hecho. Pueden ayudar a identificar vehículos y movimientos. Pueden servir para investigar después de ocurrido un delito y, dependiendo del sistema y de cómo se utilice, también pueden colaborar con la prevención.

La discusión debería ser mucho más profunda. Tenemos que preguntarnos qué tecnología estamos utilizando, dónde están instaladas, quién las controla, cuánto tiempo se guardan las imágenes y qué capacidad existe para responder rápidamente cuando ocurre algo. Porque no alcanza con llenar postes de cámaras. Necesitamos un sistema moderno, coordinado y funcionando.

Y vuelvo al principio. Desde 1985 hasta 2026 pasaron 41 años. Durante cuatro décadas, los salteños pagaron impuestos, eligieron gobiernos y reclamaron seguridad. Hoy podemos decir que tenemos unas 350 cámaras del Ministerio del Interior y que muchas necesitan actualizarse tecnológicamente.

Por eso, más allá de los colores políticos, pero debemos preguntarnos si ¿La seguridad de Salto fue realmente una prioridad durante estos 41 años? Porque si lo hubiera sido, quizás hoy estaríamos hablando de cientos de cámaras modernas, inteligencia artificial, centros de monitoreo eficientes y tecnología integrada entre las instituciones. Ahora aparece una nueva oportunidad. Si las 500 cámaras anunciadas por la Intendencia se concretan y funcionan como se pretende, Salto podría dar un salto tecnológico importante. Y ojalá así sea. Porque la seguridad no debería ser propiedad de ningún partido político.