Si bien ya se ha hablado mucho de este tema (también, por supuesto desde las páginas de este mismo vespertino), hoy quiero dejar claramente mi opinión. Lo que rodea al caso del doctor Álvaro Danza no es solo un episodio más en la interminable lista de polémicas políticas uruguayas; es, sobre todo, una vergüenza institucional. Una vergüenza que desnuda una forma de entender el poder y el servicio público que corroe, poco a poco, la confianza de los ciudadanos en quienes deben administrar los recursos del Estado con ética y decoro. No estamos ante un mero tecnicismo sobre incompatibilidades laborales. No, señores; ojalá fuera solo eso. Estamos en realidad, frente a una muestra palpable de cómo se confunde la vocación de servicio con la acumulación de cargos, de sueldos (nada pequeños, por cierto) y de privilegios desmedidos. Que el presidente de ASSE (una de las instituciones más sensibles del país, encargada de velar por la salud de cientos de miles de uruguayos) mantenga simultáneamente una cantidad de empleos (son siete, ¿verdad?, ¿o hay algún otro por ahí?) que desafía cualquier lógica de responsabilidad o dedicación, es sencillamente inaceptable. Lo es más aún cuando entre esos vínculos hay relaciones con instituciones privadas que compiten o contratan con el propio Estado.

No se trata solo del Dr. Danza. El problema es más profundo todavía: es una cadena de males que empieza en la falta de límites personales y termina en la complacencia política. Porque si algo agrava el panorama, es la actitud del gobierno, que en vez de actuar con firmeza y sentido institucional, optó por mirar hacia otro lado, desentenderse, sosteniendo a un jerarca visiblemente comprometido. En lugar de cortar por lo sano, prefirió exponerse a una interpelación parlamentaria que no solo afecta a la ministra, Dra. Cristina Lustemberg (una profesional respetada incluso por sus adversarios políticos), sino que deja al sistema de salud pública en su conjunto en el centro de una tormenta que se pudo evitar.

La defensa de lo indefendible tiene consecuencias, siempre. Socava la credibilidad del gobierno, daña la imagen de ASSE y transmite un mensaje desolador: que el poder no se ejerce como un servicio, sino como un botín. Ese es el punto más doloroso. Cada vez que se tolera una conducta incompatible con la ética pública, se normaliza el abuso. Cada vez que se apaña a un funcionario por conveniencia política, se desdibuja la frontera entre lo correcto y lo tolerable. Se me ocurre pensar: ¿Qué mensaje se está dando a los funcionarios verdaderamente honestos y cuidadosos de todas las formas de proceder?

No olvidemos además, que cada vez que la sociedad percibe que las reglas no son iguales para todos, se refuerza la desconfianza, ese cáncer silencioso que contamina toda democracia.

En fin... La situación del doctor Danza podría haberse resuelto con un simple gesto de sensatez: la renuncia voluntaria a sus otros empleos, o su reemplazo inmediato por parte del Ejecutivo. Pero nada de eso ocurrió. Lo que hubo fue tozudez, soberbia y cálculo político. Y así, lo que debió ser un asunto administrativo terminó transformándose en un problema moral y político de primer orden. Debe quedar claro finalmente, que no es el número de cargos lo que más indigna, sino el símbolo que encarna: el del jerarca que se aferra a todo, que no cede ni un paso ni un peso, que entiende la función pública no como sacrificio, sino como oportunidad. Y el de un gobierno que, al sostenerlo, parece olvidar que la ejemplaridad también es una forma de gobernar. En un país que se enorgullece de su institucionalidad, este episodio debería doler. Porque no es solo una falta de ética individual: es una herida en la credibilidad colectiva.