Se habla poco, pero debería decirse con claridad: los empleados públicos son los grandes privilegiados del sistema. Mientras los trabajadores del sector privado deben rendir al máximo para conservar su puesto, en la administración pública basta con cumplir horario. Salvo las honradas excepciones, el esfuerzo y el rendimiento son mínimos.

En lo privado, el sueldo depende de la productividad, de las metas alcanzadas, de la capacidad de competir en un mercado cada vez más exigente. En cambio, en la función pública el salario está asegurado, llueva o truene, y los beneficios son permanentes: licencias, aguinaldos y estabilidad casi absoluta. Ni hablar de los privilegios que se extienden incluso a los retirados militares, que llegan a cobrar aguinaldo sin estar en actividad. Por eso, cuando escuchamos a los sindicatos públicos reclamar más y más, conviene poner las cosas en perspectiva. No todos vivimos con esa seguridad, ni con esas garantías. El Uruguay real es otro: el de los que se levantan cada día sin saber si tendrán trabajo mañana. Un poco de autocrítica y empatía realista, no vendría mal. Uruguayo de a pie.