De los 292 funcionarios municipales de Salto notificados por la actual administración de su irregular situación laboral, apenas un tercio ha impulsado hasta el momento acciones de amparo con el objetivo de conservar sus puestos. Así lo confirmó a LA PRENSA una alta jerarquía de la comuna, quien señaló que la escasa reacción de los afectados sorprendió a las autoridades. La notificación a estos trabajadores, presupuestados o ascendidos durante la última administración de Andrés Lima en el año electoral, implica que podrían ser cesados en breve. El hecho de que menos de un centenar se haya movilizado para intentar resistir la medida deja abierta la posibilidad de que la mayoría pierda efectivamente su cargo si la Intendencia concreta el plan de desvinculación.

Sin avances en la negociación

En paralelo, la vía de diálogo no ha mostrado resultados. El presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (Adeoms), Juan Carlos Gómez, confirmó el lunes pasado en el programa de Canal 4 de Cablevisión que se realizó una reunión tripartita con participación del Ministerio de Trabajo, la Intendencia y el sindicato. Sin embargo, el encuentro no arrojó avances ni acercamientos entre las partes, por lo que la situación de los 292 funcionarios sigue sin modificaciones. La postura del sindicato es que los trabajadores tienen derecho a mantener sus cargos por haber sido presupuestados formalmente, mientras que la Intendencia sostiene que las designaciones fueron irregulares, realizadas sin los procesos adecuados y en un contexto electoral, lo que vulneraría la normativa vigente.

Escasa movilización

Más allá de una manifestación de protesta en la Junta Departamental, la movilización social en torno al caso ha sido limitada. Ni los propios funcionarios ni sus familias han impulsado hasta ahora una estrategia de resistencia masiva, lo que contrasta con la magnitud de la medida en ciernes. Para la administración actual, esta falta de presión sindical o política refuerza la convicción de avanzar en la regularización de la plantilla. El argumento central de la Intendencia es que la comuna debe enfocarse en obras y servicios para la población y no en sostener un número excesivo de funcionarios que comprometa los recursos.