El Gobierno nacional de Argentina ha puesto en marcha una reforma profunda del régimen migratorio mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, publicado oficialmente el pasado jueves. Esta medida, firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete, busca ordenar y modernizar el sistema migratorio, con énfasis en el control fronterizo, el uso responsable de los servicios públicos y el fomento de inversiones extranjeras.

Uno de los pilares de esta reforma es el endurecimiento de los requisitos de ingreso al país. Ahora, los extranjeros deberán presentar una declaración jurada donde expliquen los motivos de su viaje y se comprometan respecto a su permanencia. Se habilita también el rechazo en frontera y la aplicación de sanciones para ingresos irregulares.

Servicios públicos restrictivos

En cuanto a los servicios públicos, se introducen restricciones al acceso irrestricto a salud y educación. La atención médica se mantendrá gratuita solo en casos de emergencia y, fuera de esos casos, los migrantes sin residencia permanente deberán contar con un seguro de salud o abonar previamente. En el ámbito educativo, se garantiza la educación gratuita en niveles inicial, primario y secundario, sin importar la condición migratoria. Sin embargo, la educación superior será gratuita únicamente para argentinos y residentes permanentes; los demás deberán pagar aranceles, según lo que dispongan las universidades públicas. También se establece que los migrantes en situación irregular no podrán acceder a empleos en el país, reforzando la legalidad en el ámbito laboral.

Ciudadanía por inversión

Uno de los puntos más novedosos es la creación de la ciudadanía por inversión. Quienes inviertan más de US$500.000 en proyectos locales podrán acceder a la ciudadanía, sin necesidad de cumplir los dos años de residencia legal que ahora se exigen para la naturalización tradicional. Para ello, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que funcionará bajo el Ministerio de Economía.

Migración legal y segura

Esta reforma marca el inicio de una etapa donde el Estado argentino apuesta por una migración legal, segura y ordenada, alineada con el desarrollo económico y el respeto por las leyes. Se trata de un cambio significativo que busca equilibrar la vocación histórica de apertura con la necesidad de establecer reglas claras y sostenibles para todos.