Un artículo reciente de la periodista Natalia Roba publicado en El Observador destapó un escándalo que sacude al poderoso grupo constructor Ramón C. Álvarez (RCA), una empresa con larga historia como proveedora del Estado uruguayo. En el centro del conflicto están los hermanos Eduardo Álvarez Carugatti,  y Lourdes Álvarez, quienes se enfrentan en al menos siete demandas judiciales cruzadas por el control y las ganancias de la firma.

 Un pleito familiar con cifras millonarias

Según la información publicada, Lourdes acusa a su hermano Eduardo, principal accionista de RCA, de ocultar utilidades, desviar fondos y crear gastos ficticios mediante una red de empresas vinculadas. Asegura que desde 2010 no recibe los dividendos que le corresponden como socia minoritaria, pese a los importantes resultados económicos del grupo.

Además, denuncia que Eduardo habría incorporado a su pareja, Rocina Doce Dupin, y a firmas ligadas a ella como proveedoras del Estado y de RCA, con el fin de elevar gastos internos y disimular las verdaderas ganancias.

Por su parte, Álvarez rechaza todas las acusaciones, afirmando que su hermana miente y busca perjudicarlo. Sostiene que las utilidades no fueron distribuidas por una “decisión estratégica” de crecimiento y que la empresa mantiene baja deuda y un nivel de actividad sostenido.

 La justicia interviene

Ante la magnitud del conflicto, la justicia decidió designar a la firma KPMG como veedora judicial, para auditar las operaciones y revisar la transparencia contable del grupo constructor. El proceso se encuentra en etapa de instrucción, con los informes iniciales de la auditoría, las presentaciones de ambas partes y una extensa lista de pruebas a analizar.

Mientras tanto, RCA continúa operando normalmente, con contratos en ejecución para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, varias intendencias departamentales y obras de infraestructura de gran escala en todo el país.

 De legado familiar a guerra judicial

El conflicto entre los hermanos tiene raíces profundas. Tras el fallecimiento en 2009 de Ramón C. Álvarez, fundador de la empresa y figura muy respetada en el sector de la construcción, la sociedad quedó bajo control de sus herederos.

Según Lourdes, desde entonces Eduardo modificó balances y rompió acuerdos familiares sobre la distribución de utilidades. También cuestiona sueldos personales de hasta 30.000 dólares mensuales y gastos sin justificación.

Fuentes consultadas por El Observador señalan que durante años la madre de ambos, Rosa Carugatti Nicora, tuvo una influencia relevante en las decisiones del grupo, hasta su retiro.

Hoy, el histórico grupo RCA, recordado también por obras emblemáticas como el Puente de La Barra, actualmente dañado,  enfrenta su mayor crisis interna, con una disputa que combina poder, dinero y vínculos políticos.

 Más allá de las obras

La periodista Natalia Roba, en su nota para El Observador, destaca además que Eduardo Álvarez es un nombre conocido en los círculos del poder, proveedor habitual del Estado “que ofrece desde motos de agua hasta aviones de uso oficial”.

Mientras los tribunales avanzan, el caso deja en evidencia cómo las grandes fortunas familiares pueden convertirse en campos de batalla, y cómo detrás de los contratos públicos a veces el conflicto no está entre empresas y gobierno, sino dentro de las propias familias empresarias.

Fuente: Artículo de Natalia Roba, El Observador (11/10/2025)