Como se viene informando e incluso la noticia es brindada en nuestra edición de hoy, la Intendencia de Salto implementará desde noviembre un nuevo sistema de comedores fijos, dejando atrás el modelo de viandas entregadas en contenedores. Según explicaron los jerarcas María Eugenia Taruselli y Aquiles Mainardi, el cambio busca “cuidar la buena alimentación y devolver dignidad” a las personas más necesitadas.Sin embargo, la iniciativa generó una fuerte reacción desde la oposición. María Noel Rodríguez, ex jerarca de gobiernos frenteamplistas, expresó su discrepancia con duros argumentos.

“Nadie decide cuándo alguien pierde la dignidad”

“Primero que nada —dice Rodríguez—, ninguna institución ni jerarca decide cuándo alguien ‘pierde’ o ‘devuelve’ la dignidad”.
La dirigente reconoce el esfuerzo económico que implica el nuevo sistema —unos $1.600.000 mensuales—, pero advierte que el problema es más profundo: “En política social, la efectividad se mide por la accesibilidad real y el costo humano”. Desde su perspectiva, obligar a las personas a comer en puntos fijos supone una triple barrera: rompe con la mesa familiar, limita la autonomía y puede profundizar la exclusión.

El dolor de la exposición

Rodríguez advierte que el nuevo sistema crea un “comedor público” en apenas cuatro lugares —Club Quinta Avenida 33, IPRU, Misión Vida y Merendero de Andresito. “El sistema anterior permitía cierta discreción. Ahora, el traslado a un punto visible y la obligación de comer allí exponen innecesariamente a las familias”, señala. Para la ex jerarca, el cambio puede “revivir experiencias de otros tiempos” donde el asistir a un comedor era sinónimo de pobreza extrema.

Los invisibles del hogar

Otro punto crítico, según Rodríguez, es la accesibilidad. “¿Qué pasa con los adultos mayores o las personas con movilidad reducida? El sistema de viandas era su única garantía”, argumenta. Además, sostiene que la medida destruye el último espacio de encuentro en muchos hogares: “Un plato llevado a casa se convertía en un momento de unión familiar; ahora, se impone el consumo individual y centralizado”.

Un desafío que excede lo municipal

“La dignidad no se decreta —concluye Rodríguez—, se construye con accesibilidad, privacidad y respeto”. Y cita al ex relator de la ONU Jean Ziegler: “El derecho a la alimentación no es a ser alimentado, sino a alimentarse en condiciones de dignidad”. Para ella, el nuevo sistema necesita coordinarse con políticas nacionales que, más allá de la comida, atiendan las causas estructurales de la exclusión. “De lo contrario —advierte— este salto hacia la dignidad puede terminar siendo un paso atrás.”